La alta comisionada de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, publicó un informe sobre Venezuela, en el que denunció la violación de derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
AFP/Cristian Hernández
En el informe publicado este jueves 4 de julio, Bachelet instó al gobierno de Maduro a adoptar de inmediato medidas específicas para detener y remediar las «graves vulneraciones de derechos económicos, sociales, políticos y culturales» que se han registrado en el país.
Del mismo modo, advirtió que si no mejora la situación de Venezuela, continuará el éxodo de migrantes y refugiados venezolanos y empeorará la vida para quienes se quedan en el país.
La alta comisionada destacó que desde 2016, Maduro y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia para «neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican su gobierno».
De acuerdo con el documento, «un conjunto de leyes, políticas y prácticas» ha reducido el ámbito democrático, ha desmontado el sistema de control institucional sobre el poder ejecutivo y ha permitido la reiteración de graves violaciones de derechos humanos.
Cabe destacar que este informe está basado en 558 entrevistas realizadas a víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos y otras fuentes consultadas entre enero de 2018 y mayo de 2019.
También tomó en consideración la militarización de las instituciones del Estado durante la última década; las detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del gobierno, violencia sexual y de género durante las detenciones y uso excesivo de la fuerza contra manifestantes.
En cifras, detalló que hasta el 31 de mayo de 2019 habían 793 detenidos de forma arbitraria, 58 de ellos son mujeres. Además del allanamiento de la inmunidad parlamentaria a 22 diputados solo durante 2019.
No ignoró los grupos armados conocidos como colectivos chavistas que imponen control social y contribuyen con las represiones; además de las actuaciones de funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) en torno a las ejecuciones extrajudiciales que fueron consideradas como «sorprendentemente elevadas».
«Según los entrevistados, son pocas las personas que presentan denuncias, por miedo a las represalias o por falta de confianza en el sistema judicial”, expresa el informe que además hace referencia a la falta de acceso real a la justicia.
Al respecto agregó: “El Ministerio Público ha incumplido con regularidad su obligación de investigar y llevar a juicio a las personas responsables de los hechos y el Defensor del Pueblo ha guardado silencio ante las violaciones de derechos humanos”.
Redacción Maduradas con información de La Patilla y El Pitazo.
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