Recientemente, El Nacional tuvo acceso a una serie de documentos que revelarían que la destituida fiscal general del régimen madurista Luisa Ortega Díaz tenía prevista y preparada una solicitud de privación judicial preventiva de libertad en contra de Iris Varela.
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Por entonces, la funcionaria se desempeñaba como ministra para el Servicio Penitenciario y, antes de la ejecución de la orden, Ortega fue separada de su cargo al frente del Ministerio Público (MP) en 2017.
A Varela se le señalaron los delitos de peculado, malversación agravada, falsa alegación y asociación para delinquir vinculados con presuntas irregularidades ocurridas en las contrataciones públicas celebradas por la sociedad mercantil empresa Constructora Cresmo, C.A.
La investigación habría iniciado el 29 de septiembre de 2016 como una iniciativa de la Fiscalía Cuarta a nivel nacional con competencia contra la corrupción, luego de una denuncia interpuesta por Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones; Daniela Guerra, directora general de la Comisión de Derechos Humanos del Estado Zulia; y María Mercedes De Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuel.
«(Los aludidos) denunciaron pérdida, deterioro y daño contra bienes del patrimonio público que se encontraban bajo custodia del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario bajo la dirección de la ciudadana María Iris Varela Rangel, en su carácter de ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario», indica el documento.
Los señalamientos en contra de Varela tendrían que ver con la supuesta malversación de fondos que esta habría ejecutado y liderado en medio del proyecto de construcción del Centro de Reclusión de Procesados y Procesadas Judiciales del estado Zulia, en el municipio San Francisco, conjuntamente con el Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias (Fonep).
Los detalles
Precisamente, el 17 de diciembre de 2017, el Fonep contrató a la Constructora Cresmo, C.A., para la ejecución de la obra, la cual debía iniciarse el 2 de enero de 2013 y finalizarse el 29 de mayo de 2015.
Sin embargo, el 4 de diciembre de 2013, el Fonep suscribió un segundo contrato para continuar las obras, iniciando el 26 de diciembre de 2013 y terminando el 31 de diciembre de 2014. Por el primer contrato, se desembolsaron 130.660.866,54 bolívares y por el segundo contrato se adjudicaron 78.443.568,10 bolívares, para una suma total de 209.104.434,64 bolívares.
Según lo señalado por el MP, no hubo licitaciones ni concursos, sino que la contratación se hizo por adjudicación directa, sin cumplirse para ello con los presupuestos y requisitos necesarios.
Por este motivo, la entidad que, por entonces, estaba a cargo de Ortega Díaz, señaló a Varela como la responsable de una desviación del presupuesto asignado.
Redacción Maduradas con información de El Nacional
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