Ley de precios justos abre puerta a expropiaciones, representantes de sectores económicos esperan próximos reglamentos que definan los procesos fiscalización.
Tras la entrada en vigencia del decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos, casi dos semanas atrás, representantes de diferentes sectores de la economía nacional expresan preocupación por la severidad de los rangos sancionatorios de la nueva legislación. Así pues, la falta de certeza sobre la aplicación de las nuevas reglas se mantiene.
Una de las sanciones más delicadas que figuran en la normativa es la posibilidad de expropiación del comercio infractor, así como la penalización de entre dos y catorce años de cárcel para aquellos empresarios que, mediante inspección oficial, fueren acusados de quebrantar la normativa.
Expropiaciones a la orden del día
El presidente de Conindustria, Eduardo Garmendia, señala que el nuevo instrumento presenta una serie de escenarios que necesitan ser evaluados bajo lupa, ya que posibilitan las confiscaciones.
“La ley contiene una cantidad de elementos regulatorios al sector privado que necesitan verse con mucho cuidado, ya que declara toda la actividad económica de interés público”, apunta el representante. Así pues, explica que según lo establecido en la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública, ser considerado de “interés público” es el único requisito pre expropiatorio. Lo cual, en lo referente a la nueva legislación, “posibilita las confiscaciones”.
Además, sostiene Garmendia que en el caso de las sanciones, el instrumento retira del comerciante, que sea considerado infractor durante inspección, los beneficios penales, ya que está estipulado encarcelación inmediata.
En cuanto al proceso fiscalizador, el presidente señala que, aunque para el sector que representa no son extrañas las fiscalizaciones de cualquier tipo, en esta ocasión están aún expectantes a lo que serán los próximos reglamentos parciales, más extensos, que sirvan para definir los procesos de inspección que ya establece la nueva ley.
Desconocimiento
Por su parte, Luís Alberto Russián, quien funge como presidente de la Cámara de Integración Económica Venezolano Colombiana (Cavecol), señala que no han recibido ninguna información sobre cómo se habrían visto impactadas la parte de las empresas afiliadas a la Cámara que, en efecto, deberán regirse de ahora en adelante por la nueva norma.
“Afectará en principio a los sectores más sensibles como alimento, higiene personal, entre otros. Ese tipo de empresas están tratando de delimitar (cómo actuar)”, remite Russián.
El representante afirma que, a vista de lo anterior, el comité legal de la cámara ha ideado más bien, métodos preventivos; y que, de hecho, desde la semana pasada se encuentran ideando estrategias que propongan métodos organizativos para que el personal de las empresas afiliadas sepan cómo responder las próximas fiscalizaciones, así lo reseña la revista Dinero en su portal.