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¡MEGA GUISO ROJO! Así es como el gobierno avala MILLONARIA corrupción en COMUNAS

En la comuna Victoria Socialista de Carapita se perdieron Bs 925 mil hace tres años luego de que tres voceros de la organización los distrajeran del uso al cual estaban destinados. Los vecinos aún esperan que se aclare el caso para poder continuar las obras de construcción de varios proyectos socioproductivos que quedaron a medias.

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Coromoto Lira, vocera de la organización, cuenta que para poder denunciar y demostrar que hubo apropiación indebida de los recursos se debe brincar de una institución a otra porque no hay un canal directo para hacerlo y aún así en ningún lado resuelven la denuncia. “A nadie le importa”, dice.

En ese sector, el entonces presidente Hugo Chávez entregó los recursos en 2010, a través de una cooperativa que era parte de la comuna en construcción conformada por 18 consejos comunales. Ese dinero fue manejado por tres personas: Gregoria David, Irma Gómez y Yesmín Guanipa, voceras de tres de las comunas. La idea era la construcción de una herrería, una bloquera, una textilera, una panadería y una carpintería socialista. Comenzaron los trabajos y a los dos meses se suspendieron porque ellas se excusaron con que “la plata no alcanzó”.

“De inmediato pedimos rendición de cuenta y la misma fue negada y ahí quedó todo”, afirma.

Lo que comenzó como una sospecha hace tres años hoy es una denuncia sin respuesta. “Fuimos al Fondo de Desarrollo Microfinanciero (Fondemi), por ser el ente por donde bajó la plata, revisaron el caso y nos mandaron a Fundacomunal. Allá hicieron una auditoría y nos mandaron a la Fiscalía, ahí tomaron la denuncia; pero si no fuiste previamente al ente que bajó los recursos, no te atienden. De ahí enviaron la denuncia al Cicpc, estos fueron al Banco Comunal, pero para abrir la caja fuerte y ver las facturas necesitaban una orden de allanamiento de la Fiscalía y entonces nos mandaron para atrás otra vez. En eso estamos, brincando de institución en institución sin respuesta”, relata.

Luego de tres años, el caso está en la Fiscalía 79ª del Ministerio Público, los denunciantes fueron atendidos e interrogados, y ahí quedó. Mientras tanto, no pueden obtener apoyo de otras instituciones para adelantar ninguno de sus proyectos.

Lira asevera que, además de la falta de atención, los denunciados trabajan en instituciones del Estado: “Una de ellas, Irma Gómez en el Ministerio para la Mujer, arregló su casa con ese dinero. La otra, Gregoria David, trabaja en el Gobierno de Distrito Capital, compró su vivienda a través de una venta ficticia. Y la otra, Yesmir Guanipa, que trabaja en el Consejo Federal de Gobierno, utilizó los reales para su lucro personal”.

Sin son ni ton. En Sabana Grande pasa algo similar, pero ahí la comunidad que no forma parte de la comuna es la que ha visto con preocupación las irregularidades y no saben a dónde acudir para que se haga una revisión de las cuentas de la comuna Aponwao. En una oportunidad fueron a Fundacomunal y nadie les supo decir cómo hacer el procedimiento, solo dijeron que ellos no reciben denuncias.

“Hay información que no está clara por parte de las instituciones del Estado. La comuna Aponwao, que está en Sabana Grande, hizo un centro de economía comunal que es para el lucro individual y uno no le ve el queso a la tostada. No explican ni dicen qué es lo que hacen y manejan los recursos como mejor les parece”, manifestó Carlos Medina, vocero comunal de la parroquia El Recreo.

Organismos bajan recursos a comunas sin ningún control

El viceministro de Comunas y Movimientos Sociales, Alexis Toledo, explicó que hasta la fecha no hay un mecanismo de uniformidad entre las instituciones del Estado para hacer la transferencia de recursos a las comunas ni a otras organizaciones sociales y que se está trabajando en la creación de un sistema único.

“Es tarea de todos mejorar la transferencia, de alcaldes, gobernadores y, también, de las comunidades. Por esto se creó la Comisión Presidencial de Gobierno Comunal con la finalidad de que se evalúen los procesos financieros, además de otras solicitudes de la comunidad”, dijo.

Aclaró que desde ese viceministerio no se regula qué hace cada institución con sus recursos ni cómo se va a sancionar a la organización que use mal los fondos.

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