Pese a que se ha hablado de la posibilidad de utilizar el estado de excepción y el cierre fronterizo como excusa para no celebrarse las elecciones parlamentarias del futuro 6 de diciembre, diversos especialistas coinciden en que esas no son las intenciones, sino por el contrario, que se efectúen los comicios pero que las personas no puedan asistir a los centros de votación, por temor a qué pueda ocurrir en la calle al estar suspendidas las garantías.
Tal es el caso del politólogo Luis Salamanca, quien considera que el Gobierno no pretende suspender los comicios parlamentarios, sino que acude a una medida desesperada para intentar ganarlos. “Obedece a un plan de Maduro para cohesionar a los chavistas. Aplican un Estado de Excepción como una prueba para ver cómo reaccionan la sociedad, los sectores políticos y el mundo. No es para suspender las elecciones, la Constitución lo prohíbe”, señala El Nacional.
“El plan es hacer las elecciones con un Estado de Excepción, que amenazan con extender a todos los estados fronterizos con un fin electoral. Solo en el Zulia se eligen 15 diputados. Quieren aprovechar la restricción de los derechos para tratar de impedir la movilización de los opositores a través del temor. Una campaña sin concentraciones, con las reuniones públicas restringidas y militarizada”, explicó.
La coordinadora de la organización Control Ciudadano, Rocío San Miguel, coincide con el politólogo y sostiene que el Gobierno no quiere a la oposición en la calle durante la campaña. “En los casos de Táchira y Zulia tratarán de controlar a los electores y a los candidatos de la oposición, de manera que tendremos una campaña inédita, en medio de un Estado de Excepción que se extenderá a otras entidades y que servirá de muro de contención, sin importar que se apela a la ilegalidad y al uso de militares a cambio de incentivos”.
“El problema es el alto costo de los derechos humanos, porque aún no podemos saber si tendrá consecuencias para Maduro. El Gobierno trata de que los seguidores cierren filas en momentos en que el rechazo se manifiesta por igual entre opositores y oficialistas”, dijo.
La especialista agrega que la maniobra es peligrosa porque pone en entredicho a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), puesto que no es capaz de controlar el tráfico ilícito de cocaína, combustible y alimentos en 1,2% del territorio fronterizo que comprende Táchira, y se le usa como instrumento de represión. Se somete a la población a los intereses políticos.
A 100 días de los comicios, la experta en asuntos militares señala que el plan es subir en las encuestas. “El Gobierno apela a la amenaza, pero como el lapso de aquí al 6 de diciembre es corto no obtendrá réditos electorales como pasó con el dakazo porque no cuenta con recursos; no le funcionará porque la crisis económica es brutal. Además, el costo político para Maduro será alto porque la FANB está fragmentada y él no tiene capacidad de maniobra. Nadie en el chavismo tiene esa capacidad, ni siquiera Diosdado Cabello.
San Miguel cuenta que a partir de 2012, con la enfermedad y muerte de Chávez, surgieron grupos; hay un relevo generacional que intenta pegar con incentivos como cargos y espacios de poder. Hay 32% de militares en la administración pública y 52% de los gobernadores viene del mundo militar.
La situación de la FANB es frágil, “unos aparentan estar con el proceso; otros están comprometidos, pero se cambiarán una vez que vean alternativas políticas y eso será a partir del 6 de diciembre cuando, por la vía electoral, se presente la posibilidad de un cambio institucional”, sentenció.
Con información de El Venezolano News.