Los abogados del empresario venezolano Samark López negaron este viernes 3 de julio que su cliente haya estado vinculado con el narcotráfico y que tuviera conexiones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
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“Nunca se ha involucrado en actividades de tráfico de drogas ni en el lavado de dinero producto de actividades de tráfico de drogas», dijo la defensa en un comunicado luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos decidiera la entrega de parte de su fortuna a estadounidenses víctimas de las FARC.
López fue sancionado por Estados Unidos en 2017 junto a Tareck El Aissami, actual ministro de Petróleo del régimen de Nicolás Maduro. La fortuna de este empresario creció gracias a los jugosos contratos que obtuvo en las dos últimas décadas con el chavismo.
En 2019, durante un juicio por el reclamo de los tres hombres sobre sus activos, expertos de la acusación afirmaron que López tenía lazos indirectos con los rebeldes a través de su amistad con El Aissami, quien según las autoridades estadounidenses ayudó a las FARC a mover cocaína a través de Venezuela.
Statement from Samark Lopez's attorneys following Supreme Court decision turning over $53 million to American victims of Colombian rebel group @AP https://t.co/oNljokA9bC pic.twitter.com/lYB1zCG0qy
— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) July 3, 2020
El caso
Keith Stansell, Marc Gonsalves y Thomas Howes fueron capturados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2003, cuando su avión fue derribado durante un vuelo que monitoreaba el tráfico de drogas. El piloto, Tom Janis, fue asesinado por los rebeldes luego de que el aparato se estrelló.
Los tres trabajaban para Northrop Grumman. Fueron liberados hace 12 años junto a la excandidata a la presidencia de Colombia, Ingrid Betancourt, en un temerario rescate del ejército colombiano.
En 2012, un juez federal en Florida concedió a los tres hombres una indemnización de 318 millones de dólares a pagar de las cuentas bancarias incautadas a narcotraficantes ligados a las FARC, que está en la lista de grupos terroristas.
Pero no habían podido recibir el dinero hasta que el presidente Donald J. Trump promulgó discretamente en 2018 la Ley de Aclaración Antiterrorista, que permite que las víctimas de grupos terroristas reciban activos incautados por el gobierno estadounidense en base a leyes antidroga.
La nueva normativa permitió que los hombres fuesen tras los activos de López bloqueados en Estados Unidos, que incluyen una cuenta de Citibank con 269 millones de dólares, dos yates, un avión y propiedades de lujo en Miami.
Redacción Maduradas con información de AP
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