El presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), William Castillo, evalúa los posibles planes de invasión al espacio radioeléctrico venezolano, que se derivarían de la aprobación de la ley S.2148 por parte del Congreso estadounidense. Explicó que la invasión conllevaría a la instalación y utilización de centros de distribución de señales radioeléctricas de alta potencia en zonas fronterizas y desde el Caribe. También se plantea la posibilidad de utilizar aviones no tripulados (drones) que actúan como una antena.
Sobre esto, el portal especializado Wired reportó en abril pasado que los aviones a control remoto RQ-7 Shadow, que el ejército estadunidense usó en Irak para misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, se están convirtiendo en centros inalámbricos en zonas de conflicto remotas, donde las posibilidades de comunicación son difíciles. Dicho proyecto de inteligencia está a cargo de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa del Pentágono (Darpa, por sus siglas en inglés) y permitirá transferir un gigabyte por segundo de datos.
Analistas de Conatel señalan que los objetivos de esta ley son el financiamiento a los aliados, así como garantizar el apoyo tecnológico a la guerra mediática contra Venezuela. La nota refiere que esta figura legislativa implica legislar el apoyo que el Gobierno de Estados Unidos ha dado a los medios de comunicación opositores, dentro y fuera del país, para desarrollar campañas de desinformación, bajo la fachada de apoyo a «la prensa libre» y «defensa de la libertad de expresión y el acceso a la información».
Entre otros objetivos está la profundización de la intervención contra Venezuela, financiera y tecnológicamente, desde plataformas mediáticas nacionales e internacionales, al presentarlas como apoyo a la sociedad civil y a los medios de comunicación. Desde febrero pasado, con el inicio de las acciones violentas por parte de algunos grupos de derecha, se impulsó la percepción de que en Venezuela es restringido el acceso a Internet. Estas campañas, a su juicio, han sido aprovechadas por corporaciones informáticas que desarrollan estas aplicaciones para promover sus productos y como parte de su «supuesta» solidaridad con el país comenzaron a distribuirlo sin costo.
De esta manera lo hacen a través de redes privadas (VPN, por sus siglas en inglés) como TunnelBear VPN y Hots-potShield VPN, lo que representa, según alertó Castillo, un riesgo que podría permitir realizar ataques a la red desde el propio país y con el amparo del anonimato, reseñó el portal del diario La Verdad.
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