La ONG Expresión Libre y el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) introdujeron ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una demanda de protección de intereses difusos en conjunto con un amparo cautelar contra el canal del Estado Venezolana de Televisión (VTV) por la falta de pluralismo informativo en su programación.
El documento señala que el canal público aplica “censura de información relevante y falta de imparcialidad en el contexto socioeconómico y político durante los últimos años en perjuicio de la población de la República Bolivariana de Venezuela, conducta contraria a los estándares internacionales sobre pluralismo y diversidad informativa que deben cumplir los medios públicos; esto constituyendo una violación y restricción directa a la libertad de expresión y acceso a información veraz, oportuna e imparcial”.
“La intervención Estatal sobre VTV ha proporcionado un sofocamiento a la dimensión social de la libertad de expresión en Venezuela, impidiendo que sus ciudadanos puedan libremente tener un punto de vista diferente, conocer opiniones, relatos y noticias de su país desde diferentes perspectivas; impidiendo de esta manera que personas de diversas tendencias políticas puedan libremente expresarse en este medio sin restricciones”, argumenta la demanda que recibió la Sala Constitucional del TSJ.
Además las organizaciones demandantes señalan “la falta de pluralidad de VTV, aunado con su desconocimiento de determinadas noticias y la concentración de propiedad de medios públicos por parte del Estado y su evidente inclinación pro-partidista afecta el derecho al acceso a la información libre, amplia y plural de la sociedad venezolana en su conjunto”.
De ser admitida la demanda y declarada con lugar, el TSJ deberá ordenar a VTV una medida cautelar de restablecimiento inmediato de la situación jurídica infringida, ordenando a Venezolana de Televisión a reformar su línea de programación y adaptarla de modo que pueda existir en la misma una pluralidad de visiones políticas, debate abierto de todo tipo de ideas independientemente de su vertiente política, programas educativos y culturales y no solo eventos, propaganda, actividades y otros programas dedicados a poner en relieve la vertiente oficialista y hacer proselitismo político en favor del gobierno, todo de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos en la materia.
Redacción Maduradas
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