El pasado 2 de septiembre Airam Fernandez, periodista de Ultimas Noticias, realizó un trabajo de investigación sobre los presuntos atentados contra los presidentes Hugo Chávez y Nicolás Maduro de los que nunca se presentaron pruebas. En 14 años, hasta septiembre 2013, llevaban 52 atentados contra Chávez y 11 contra Maduro. Refrescamos esta noticia ante la denuncia de ayer de otro intento de magnicidio, siempre presunto y sin pruebas, denunciado por el llamado Alto Mando de la Revolución, de acuerdo a la reseña del portal de Run Run.
A continuación, el trabajo publicado por Últimas Noticias:
La primera vez que Hugo Chávez denunció un atentado en su contra fue en un acto en Puerto Ordaz, el 11 de julio de 1999, cuando efectivos de la Disip detuvieron en esa ciudad a un hombre que portaba un rifle con mira telescópica y cartuchos calibre 22. En público, Chávez pidió que se abriera una investigación. Y el sujeto -que se encontraba a 500 metros del acto presidido por el mandatario- fue detenido. En el curso de las averiguaciones, se comprobó que solo iba de cacería, por lo que fue dejado en libertad a los dos días.
En los últimos 14 años, el Gobierno ha hablado en 63 oportunidades de magnicidio presidencial. De este total, 52 habrían ido en contra del ex presidente Chávez, y ahora 11 en contra del mandatario nacional Nicolás Maduro.
En 22 oportunidades fue el propio Chávez quien denunció atentados dirigidos a él. Mientras que el presidente Maduro se ha referido a su persona como blanco de un posible plan magnicida en seis oportunidades este año.
La cifra surge luego de una revisión al archivo de Últimas Noticias, desde febrero de 1999 hasta agosto de 2013, con la lupa puesta en las notas publicadas por este diario que hicieran referencia a alguna denuncia oficial de magnicidio.
Recurrentes. Desde que Hugo Chávez asumió la Presidencia de Venezuela, el 2 de febrero de 1999, las denuncias de magnicidio no han cesado.
Las voces que han advertido sobre este peligro han sido, sobre todo, miembros del tren ministerial y del alto Gobierno. El que tiene más tiempo denunciando, aparte de los jefes de Estado, es el ex vicepresidente y ex ministro José Vicente Rangel. En cinco ocasiones advirtió de intentos de magnicidio. Le sigue el embajador de Venezuela en España, Mario Isea, con cuatro denuncias. Luego, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Diosdado Cabello, quien lo ha hecho tres veces.
El alcalde Jorge Rodríguez; el gobernador de Aragua, Tareck El Aissami, y el ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, están empatados. Todos denunciaron un magnicidio distinto dos veces.
Lo hicieron una vez: el embajador ante la OEA, Roy Chaderton; el gobernador de Anzoátegui, Aristóbulo Istúriz; el diputado Earle Herrera; el pesuvista Manuel Villalba; la periodista Vanessa Davies; el ministro de Turismo, Andrés Izarra; el ex director del Cicpc, Wilmer Flores Trosel; el canciller Elías Jaua; el politólogo Miguel Pérez Pirela, y los ex presentadores de VTV Alberto Nolia y Mario Silva.
De las 63 veces que el Gobierno venezolano ha denunciado atentados de muerte, en 12 ocasiones acusó a ciudadanos con nombre y apellido. Todos fueron detenidos y luego liberados, por falta de pruebas. A estos se les suman los 153 paramilitares capturados en la hacienda Daktari (El Hatillo) en el año 2004, quienes recibieron un indulto en 2007.
El caso de más reciente data es del pasado 15 de agosto. Hay dos ciudadanos colombianos tras las rejas (Victor Gueche y Erick Huertas, quienes ingresaron al país por San Antonio del Táchira) y a los que les fueron incautados dos fusiles R-15 equipados con cartuchos 5-56, con mira láser, y una foto del presidente Nicolás Maduro.
Sin embargo, el grupo estaba compuesto por diez integrantes y uno de ellos, Carlos Salcedo, está siendo buscado por la justicia como uno de los principales implicados en este plan, bautizado “Carpeta Amarilla”.
En la mira. La revisión periodística de estos últimos 14 años reveló que, de las 63 denuncias de magnicidio, el Gobierno solo ha hecho pública información sobre las armas incautadas en 18 ocasiones. Los aviones, rifles, fusiles, cañones y revólveres son los más mencionados.
Los hallazgos de la investigación revelaron quiénes han sido las personas, países o instituciones más señaladas por el Gobierno como responsables.
La oposición, o la “derecha”, ha sido acusada en 19 oportunidades. Estados Unidos y el ex presidente de ese país, George Bush, van de segundos en la lista, con 11 señalamientos. El ex agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) norteamericana, Luis Posada Carriles, ha sido marcado seis veces a lo largo de estos años. Sin embargo, su abogado, Arturo Hernández, comentó desde Miami que los señalamientos son “cuentos chinos”.
Colombia y el ex presidente Álvaro Uribe han recibido cinco señalamientos; el canal Globovisión y el diario El Nacional, cuatro marcas; y la CIA, paramilitares, militares venezolanos y los empresarios mediáticos, Alberto Federico Ravell y Miguel Henrique Otero, tres veces cada uno.
El ex gobernador Manuel Rosales, el ex constituyente Luis Miquilena, el periodista Rafael Poleo y la cadena televisiva CNN han sido tildados de planear un magnicidio en dos oportunidades por separado. Mientras que el empresario Pedro Carmona Estanga y el difunto ex presidente Carlos Andrés Pérez, una vez cada uno.
Años atrás. Un año después de la primera advertencia magnicida hecha por Chávez, vino otra, y fue la única de 2000. La hizo José Vicente Rangel el 25 de julio, cuando se desempeñaba como canciller. Se refirió a unas declaraciones que había ofrecido el capitán retirado de la Guardia Nacional, Luis García Morales, para denunciar la existencia de un plan para asesinar a Chávez. A Rangel le pareció “sumamente delicada” la información aportada por el capitán, quien fue detenido. “El hecho de que se detenga a una persona después de una declaración tan grave no es un delito ni un atropello contra esa persona, se le detiene porque si no se escapa”, señaló el ex canciller en ese momento.
Luego, en 2001, se produjo un informe desde la Fiscalía General de la República para anunciar sobre la detención del ciudadano Franklin Jesús Petit, quien fue sorprendido el 6 de marzo de ese año cuando presuntamente tenía intenciones de asesinar al Primer Mandatario con dos machetes y dos armas de fuego. El documento señala que el plan era ocultarse en la sede de la Disip y esperar al Presidente, quien haría una visita al lugar. La investigación posterior determinó que el ciudadano tenía problemas psiquiátricos y que en realidad no quería matar al Presidente, por lo que fue puesto en libertad.
En 2002, Chávez hizo una nueva denuncia y luego José Vicente Rangel volvió a hacer dos más, después del golpe de abril de ese año. En 2003, 2004 y 2005 hubo tres denuncias por año; una sola en 2006, antes de que se celebraran las elecciones presidenciales; hasta que en 2007 se registraron 12 y, en 2008, 16. Esos fueron los dos años en los que más denuncias hubo. También fueron períodos electorales: primero, el referéndum constitucional, y después las elecciones regionales.
En 2009, cinco advertencias oficiales de magnicidio fueron registradas por este diario. Tres en 2010 y dos en 2011. No obstante, en 2012 no se habló ni una vez del tema.
Choque. La analista política Maryclen Stelling considera el repunte de 2007 y 2008 como una “consecuencia”, después de que Chávez ganara las elecciones presidenciales de 2006, con 62,84% de los votos. “Como ganó bastante sobrado era obvio que en los años posteriores las amenazas se iban a incrementar. La figura del presidente Chávez se había convertido en un peligro real para la oposición, porque ellos lo que buscaban y lo que siempre han buscado es el poder como sea”.
Sin embargo, para el consultor político, Edgar Gutiérrez, el tema del magnicidio “es otro simple distractor al que recurre el Gobierno para que la gente hable de otra cosa. Aparecen cada vez que ocurre algún evento desfavorable para los gobernantes, como el derrame en el río Guarapiche (Monagas, 2012), la caída del viaducto (Vargas), la escasez, la inflación y la inseguridad. Logra marcar agenda, que la opinión pública se ocupe de otros tópicos y no de los problemas que agobian a los venezolanos”.
A su juicio, el presidente Maduro apela al magnicidio para distraer, “pero es un efecto que dura muy poco, que se agota en sí mismo y que pierde credibilidad a medida que se repite”.
Otra vez. La tesis del magnicidio ha cobrado fuerza nuevamente en la voz del presidente Nicolás Maduro. La primera vez que la asomó este año fue el 6 de febrero, cuando todavía era vicepresidente. En ese momento señaló al ex comisario general de la Disip, Henry López Sisco, de estar detrás de los planes para atentar contra su vida y la del presidente de la Asamblea Nacional (AN), Diosdado Cabello. “Henry López Sisco está en Costa Rica todavía conspirando para asesinar al compañero Diosdado Cabello o a mi persona, cosa que no logrará porque estamos en el tiempo de la vida y de la victoria”, dijo en cadena nacional.
Antes, en 2007, Maduro se refirió públicamente al magnicidio una sola vez: el 28 de noviembre, cuando era canciller. Culpó a la CIA, a CNN y a “grupos desesperados” por estar planeando la “Operación Tenaza” para matar al presidente Chávez. Lo que dijo, en el programa Dando y Dando, transmitido por VTV, fue que “CNN ha dejado de ser una televisión respetada en América Latina porque su orientación está guiada por el Gobierno estadounidense”. Se refería a unas imágenes difundidas por la cadena televisiva con una foto del presidente Chávez, con los ojos cerrados y con un cintillo que decía: “¿Quién lo mató?”.
Quizás uno de los episodios más recordados sea el del allanamiento de la hacienda Daktari, cuando capturaron a 153 paramilitares el 5 de mayo de 2004, quienes presuntamente conspiraban para matar al presidente Chávez. En el procedimiento no se encontraron armas.
Otro caso emblemático fue el ocurrido en 2002, y denunciado por el propio Chávez en su programa Aló Presidente, que consistía en un plan para matarlo con una bazooka mientras aterrizaba en su avión.
La analista Maryclen Stelling considera necesario que en los casos más recientes se lleve adelante un juicio transparente y efectivo, que condene a los presuntos responsables, “porque si ocurre como ya ha venido pasando, se perderá la veracidad del asunto, la oposición seguirá creyendo que todo es mentira, cuando no es así, y las bases de credibilidad del proceso revolucionario se verán debilitadas. Tiene que haber justicia, porque esto es un asunto muy grave”.
Pulsa acá y consulta una tabla de datos con todos los detalles de cada una de las denuncias de presunto magnicidio presidencial, realizadas en los últimos años.
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