El número de personas que deberán acudir al Ministerio Público para declarar en relación a la supuesta conspiración para asesinar al presidente Nicolás Maduro no deja de crecer. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, anunció que citó al excandidato presidencial Henrique Salas Römer, al exdiputado Gustavo Tarre Briceño y a Robert Alonso, con lo cual ya son siete los convocados. El anuncio lo hizo la garante de la legalidad en el programa que conduce en Radio Nacional de Venezuela (RNV), donde informó que Salas Römer deberá acudir el 18 de junio a las 9 de la mañana ante la fiscal Katherine Harington, mientras que Tarre Briceño deberá hacer lo propio a la misma hora pero el día 23.
Por su parte, Alonso, quien reside fuera de Venezuela, fue citado para las 9 de la mañana del miércoles 25. En la víspera la Fiscal General anunció que fueron llamados el exdirectivo de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Pedro Mario Burelli Briceño; el exembajador ante las Naciones Unidas, Diego Arria; la removida diputada María Corina Machado y el abogado Ricardo Emilio Koesling, los cuales deberán acudir los días 9, 12, 16 y 20 de ese mes, respectivamente.
Las convocatorias a estas siete personas, todas reconocidos dirigentes opositores o simpatizantes de ella, se producen días después de que el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, difundiera unos correos electrónicos que los servicios de inteligencia (Sebin) habrían interceptado presuntamente a los señalados y en los cuales ellos admitirían que están tramando derrocar al Gobierno.
Notificada
Ayer también la removida diputada anunció, a través de Twitter, que recibió la boleta del Ministerio Público.
«Llegó la nueva prueba de la persecución: citación de la Fiscalía 20 Nacional para acudir a declarar en carácter de testigo», escribió.
Contrario a derecho
Aunque la Fiscal General admitió que la difusión de los correos, los cuales dijo formarían parte de una investigación, violaba disposiciones del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), justificó la actuación del oficialismo en la «gravedad de la situación».
No obstante, la postura de la funcionaria contradice lo dispuesto en el Manual Único de Procedimientos en Materia de Cadena de Custodia de Evidencias que ella dictó en 2012 para garantizar «el manejo idóneo» de pruebas para una investigación criminal, reseñó el portal del diario El Universal.