La atención, prevención y sanción del acoso escolar en Venezuela contará próximamente con una ley, si prospera la propuesta que el fiscal general, Tarek William Saab, presentará al Parlamento, y que según ONG dedicadas a los derechos de los niños, es un primer paso, pero insuficiente sin el desarrollo de políticas públicas y medidas administrativas que resuelvan la problemática.
Mente Maravillosa
No solamente es una ley de principios; es una ley que también prevé una disposición general sancionatoria, porque tiene que penalizarse algo donde la persona que sufre acoso, finalmente, termina en tratamiento psiquiátrico o lamentablemente objeto de un atentando contra su propia vida”, explicó Saab el pasado 22 de marzo.
El fiscal también pidió a los centros educativos del país, tanto públicos como privados, prestar “especial atención” en la prevención de “estos fenómenos”, además de tomar acciones porque la responsabilidad penal “podría caer en su contra”.
Pero el coordinador general de la ONG Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap), Carlos Trapani, considera que la penalización puede ser una consecuencia de un proceso no atendido y, por tanto, incompleto, ya que también sucede que los centros educativos acuden al Sistema de Protección del Niño, Niña y Adolescente y no obtienen respuestas.
“¿Qué pasa cuando el centro educativo acude al Sistema de Protección y no tiene respuesta, donde en una escuela pública no hay orientador, no hay psicólogo? ¿Quién sanciona las omisiones?. Es importante esta realidad (y) ponerlo sobre la mesa, en función de lograr un plan que permita hacer freno a la situación del acoso escolar”, explicó a Efe.
La ley es insuficiente contra el acoso escolar en Venezuela
A principios de febrero, el Parlamento anunció que trabaja en este proyecto de ley que ubicará a Venezuela, de acuerdo a la opinión del diputado Enrique Ramos, divulgada en un comunicado de prensa el pasado 23 de febrero, en un “país de avanzada”.
Casi un mes después, Ramos explicó que el proyecto de ley contempla 24 artículos, enfocados en la “convivencia, la paz, la solidaridad, el respeto y como fin último, erradicar el acoso escolar”.
Se prevé la creación de un Consejo de Convivencia Pacífica Escolar, como un organismo rector para el diseño del ámbito integral pacífico escolar a ser interpretado en los colegios públicos y privados pertenecientes al sistema de educación básica.
Para Trapani, la sola ley puede ser insuficiente para abordar esta problemática, por lo que considera necesario el desarrollo de políticas públicas, programas y servicios de acompañamiento para poder “transformar la realidad que impone el acoso escolar, pero lograr definir jurídicamente el acoso escolar es una necesidad”.
Redacción Maduradas con información de EFE
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