La Contraloría General de la República registra un total de 276 funcionarios suspendidos de su cargo sin goce de sueldo, 14 destituidos del cargo, 77 destituciones e inhabilitaciones para el ejercicio de funciones públicas y 508 inhabilitaciones para el ejercicio de funciones públicas, lo que da un total de 875 registrados en la lista negra del referido organismo.
La mayoría de esta lista la engrosan representantes de los partidos políticos que conforman la Mesa de la Unidad Democrática, quienes reiteran en sus diversas declaraciones, que se trata de una maniobra del Estado venezolano para quitar piezas elementales que pudieran ser la piedra en el zapato para quienes hoy ostentan el poder.
Así lo han dejado en evidencia al condenar la inhabilitación en contra de Enzo Scarano y María Corina Machado, que consideraron como un “signo de una neo-dictadura al borde del colapso, Antes apabullaban a sus adversarios con ventajismo brutal y ahora los inhabilitan”. A juicio del secretario ejecutivo de la alianza opositora “las inhabilitaciones constituyen una clara confesión de debilidad de un régimen que tiene trampas pero no votos”.
¿Por qué la inhabilitación?
De acuerdo con las bases legales dispuestas en la Contraloría General de la República , se impone una inhabilitación cuando “en el supuesto de surgir elementos de convicción o prueba que pudieran dar lugar a la formulación de reparos, a la declaratoria de responsabilidad administrativa o a la imposición de multas, conforme a lo previsto en el Capítulo IV “Del Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades” del Título III “de las Potestades de Investigación, de las Responsabilidades y de las Sanciones”.
Los más sonados
Destacan en esta lista algunos líderes regionales como Iván Simonovis, excomisario de la Policía Metropolitana; Eduardo Manuitt, exgobernador del estado Guárico; Manuel Rosales, otrora primer mandatario del estado Zulia; Daniel Ceballos, ex alcalde de San Cristóbal y candidato actual a la AN; y Ramón Martínez, exgobernador de Sucre.
En alguno de los casos, muchos de los inhabilitados han decido el exilio como alternativa ante una política de Estado que juega con la política de oposición.
Con información de El Cooperante.