Jorge Roig, presidente del gremio, dijo que el instrumento legal es inconstitucional porque atenta contra la libertad de empresas, libertad económica y causa el desabastecimiento.
El recurso, introducido en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, también demanda como medida cautelar la suspensión de la aplicación del instrumento legal, informó Jorge Roig, presidente del gremio.
Restricción a la propiedad privada, amenaza de confiscación, declaratoria de utilidad pública de todos los sectores económicos, violación a la libertad de empresa y a los derechos de los consumidores, son algunos de los preceptos que violan la Ley Orgánica de Precios Justos, según el presidente de Fedecámaras, Jorge Roig, que introdujo en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia la solicitud de nulidad del instrumento legal.
“Esta ley no fue consultada, se violó el principio constitucional 112 sobre la libertad económica y se declara de utilidad pública toda la actividad económica independientemente del tamaño de las empresas. También se viola el artículo 115 de la carta magna porque condena a toda la propiedad privada a que esté en manos del Estado. Esta ley impone a qué precio se deben vender los productos y cuánto pueden ganar en márgenes los empresarios”, expuso el dirigente.
Agregó que la ley no solo presenta vicios de nulidad, sino que también cercena los derechos de los consumidores a adquirir productos de calidad y en las cantidades que necesiten.
“En la ley se eliminaron todos los derechos de los consumidores, que quedan solo a merced de las arbitrariedades en la fijación de precios del Estado. Estamos defendiendo con este recurso de nulidad no solo al empresario y al productor, sino también al consumidor”, afirmó Roig.
Señaló que en el país lo que ha habido no es un control de precios, sino una imposición de precios que se han mantenido de forma permanente a costa de la pérdida de los costos de producción, y es lo que ha generado mayor desabastecimiento e inflación.
El presidente del gremio informó que en el recurso de nulidad también solicita una medida cautelar: la suspensión inmediata de la aplicación de la Ley de Precios.
El diálogo sigue
Roig aclaró que la medida de nulidad no impide que sigan en la mesa de diálogo. “Seguimos dialogando, pero insistimos en que la ley hace la economía y su aplicación inviable”. Agregó: “Tenemos la convicción de que en un Estado democrático exista la separación de poderes y esperamos que el Tribunal Supremo de Justicia decida a favor. En los próximos días se adherirán otras cámaras y gremios a la demanda de nulidad”.
Insistió en que el clima de diálogo en las mesas de paz, no condiciona que los gremios empresariales alerten sobre la violación a principios fundamentales en la Ley Orgánica de Precios Justos. “Nuestra pretensión de acudir a la justicia es por aspectos más profundos que la simple discusión de precios. Es porque se atenta contra la libertad económica y la libertad que sustenta la Constitución”, dijo.
Roig señaló que el recurso de nulidad no significa que los empresarios no van a respetar la ley. “Mientras la ley esté vigente, nosotros le recomendamos a nuestros afiliados que la cumplan y se registren en la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos en este plazo que tienen de 180 días”, indicó.
Sugirió a las empresas, grandes y pequeñas, que tengan al día sus estructuras de costos y los deberes formales, además de enterarse sobre la ley.
Reseña El Nacional.