La detención de los presidentes de la Corporación Venezolana de Alimentos y de la Red de Abastos Bicentenario S.A., Heber Aguilar y Bárbara González, así como de la administradora de CVAL, Neidi Figueroa, por el delito de peculado, demuestra una vez que, desde el año 2000 cuando comenzaron a ser formuladas denuncias sobre la forma en que funcionarios se aprovechaban de sus funciones para enriquecerse, la corrupción ha sido indetenible en ese renglón.
Así lo manifestó el Dr. Lorenzo Tovar, ex presidente de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (CASA), quien explicó que generalmente esos casos se producen porque las personas escogidas para presidir y administrar los organismos se hace por ser afines al partido de gobierno o parientes de algún alto funcionario, pero no por ser especialistas en la materia.
Eso explica que esos funcionarios en lugar de entender que deben cumplir una actividad en beneficio del pueblo, aprovechan la ocasión del cargo para cometer todo tipo de delito.
Aqui hemos visto que se han perdido enormes volúmenes de alimentos adquiridos en el exterior, pero aunque esos hechos han ocurrido en diferentes partes del país no han tenido una investigación, ni mucho ha habido castigo para los que cometieron esos delitos.
De igual forma se tiene conocimiento de los negocios que hacen ciertos individuos vinculados al gobierno, pero todo queda en simples denuncias porque las autoridades no han actuado como debiera ser.
Durante el tiempo que estuve en CASA se tomaron todas las previsiones para que los alimentos llegaran a las personas más necesitadas y bajo un estricto control ejercido por el organismo correspondiente, se establecieron convenios con el sector privado.
Pero, además del ejercicio de la Contraloría, teníamos la supervisión y vigilancia de las propias comunidades. Es muy bueno que se haya procedido a detener a quienes han sido sorprendidos en el delito de peculado, pero ahora es cuando falta que se hagan investigaciones sobre lo que ha venido ocurriendo a lo largo de todos estos años, a partir del 2000 cuando comenzaron programas de alimentación a nivel nacional.
En estos momentos de crisis, cuando la gente pierde sus horas de sueño para ir a formar filas y permanecer un largo tiempo para comprar alguno que otro producto para su subsistencia, constituye un delito muy grave que algunos funcionarios se aprovechen del cargo que ocupan para enriquecerse alegremente.
¡Ojalá! esta acción tomada no quede en una detención con medidas que le permitan a los acusados volver tranquilamente a sus casas.
Hoy más que nunca se requiere de justicia.
Vía EL IMPULSO.