Los certificados de defunción de Yamir Tovar y de Luis Fabián indican que murieron un día antes de haber desparecido. También señalan que recibieron un impacto de bala en la cabeza aunque sus familiares aseguran que fueron blanco de múltiples disparos y además los torturaron, información que también fue ignorada en el documento.
Recibió tres disparos en la cabeza, uno en la boca y otros dos en la pierna y en el brazo. También presentó marcas en las manos, brazos y golpes en la nariz. Pero en el certificado del acta de defunción de Yamir Tovar, de 22 años de edad, se especifica que la causa de muerte es: “fractura de cráneo por arma de fuego de proyectil único a la cabeza”, reseña El Nacional en su portal.
En el documento de su compañero del Movimiento Resistencia Luis Aranyi Fabián, de 21 años de edad, que junto con él fue asesinado el 20 de febrero en la calle Andrés Bello de Los Flores de Catia, se repite idéntica causa de muerte, aunque también recibió múltiples disparos y golpes que le dejaron la quijada hundida.
Otra inconsistencia se suma al documento: la fecha de muerte que aparece es 19 de febrero, un día antes de que desaparecieran, en el caso de Tovar, después de enviar un mensaje informando que iba a su casa, desde la parada de jeeps de Pérez Bonalde, en un día en el que fue a clases y a la concentración en rechazo a la detención de Antonio Ledezma; y en el de Fabián, después de salir de su casa en la mañana del viernes 20 de febrero.
El doble homicidio de Tovar y de Fabián tiene elementos que deberían marcar la ruta en la investigación que sigue la División Nacional de Homicidios del Cicpc, y no el Eje del Noroeste, como ocurre en casos de relevancia: estuvieron desaparecidos, fueron torturados y ajusticiados. Sin embargo, hasta ayer, los familiares de las víctimas no habían sido contactados por el fiscal 38° del Área Metropolitana de Caracas, Alejandro Corser, comisionado para el caso.
La semana pasada solo tuvieron contacto con funcionarios del Cicpc que están a cargo de las pesquisas. Pero aún no han visto el expediente que debe contener la autopsia donde deberían señalarse los signos de tortura que tenían los cuerpos, según constataron los allegados que reconocieron a las víctimas y estuvieron en su preparación para el breve velatorio de dos horas que les hicieron el lunes 23 de febrero, antes del sepelio en el Cementerio del Este, el cual pagó en su totalidad el Ministerio de Interior y Justicia, que también envió una corona de flores.
El criminólogo y abogado penalista Luis Izquiel explicó que los parientes de los jóvenes están en el derecho de solicitar acceso al expediente para conocer los resultados de los protocolos de autopsias. Advirtió que si en los exámenes no se especifica que fueron torturados, los familiares de las víctimas pueden solicitar la exhumación de los cadáveres, de acuerdo con lo establecido en el artículo 203 del Código Orgánico Procesal Penal.
“La exhumación es un acto probatorio que se realiza en la fase de investigación del proceso penal, el cual está destinado a ahondar en la autopsia que se le realizó previamente a un cadáver, a buscar detalles que no quedaron expuestos allí en esa autopsia. Es un acto de investigación que puede ser utilizado cuando, por ejemplo, torturas que se le realizaron a una persona antes de morir no quedaron plasmadas en la autopsia y, para constatar esto, el fiscal del Ministerio Público se dirige ante el juez de control para que se exhume el cuerpo y un médico patólogo ahonde sobre esta experticia en el cadáver”, expuso.
El expediente de este caso, que de entrada tiene errores como la fecha de muerte de las víctimas, se inició en medio del shock de las familias que en la morgue fueron abordadas por el viceministro de Investigación Penal, Saúl Utrera, y otros funcionarios que agilizaron la entrega de los cuerpos. Este procedimiento suele demorar más de un día por la congestión de la medicatura forense los fines de semana,y que en el caso de Fabián, por ser extranjero, podría haberse retrasado aún más. El mismo día que los familiares encontraron los cuerpos en la morgue fueron entrevistados por un equipo de prensa del Ministerio de Interior, que difundió una nota de prensa con conclusiones adelantadas sobre el móvil, que de entrada descartaron que tuviera que ver con su participación en guarimbas, pues ambos formaban parte del Movimiento Resistencia. El equipo del gobierno también evitó que la prensa se acercara a los familiares el domingo que estuvieron en la morgue.
El abogado penalista Jesús Ollarves dijo que el Estado está en la obligación de propiciar una investigación en el doble homicidio para evitar que en el país se registren otros casos de desapariciones forzadas.
El defensor del pueblo Tarek William Saab aseguró que velaba por aclarar las circunstancias del hecho. El 23 de febrero tuiteó sobre el caso y dijo que había conversado con el director del Cicpc, José Gregorio Sierralta, y aseguró que este se había comprometido a esclarecer el móvil. Además, desmintió que fueran estudiantes universitarios.
Ollarves señala que el Estado debe dar garantías de que un hecho como este no se repetirá. “Estamos en presencia de un encubrimiento y de un enmascaramiento de la investigación. Se ha dicho que hay signos de tortura en los cadáveres de las víctimas, lo cual indica que el Estado debería demostrar su buena fe y hacer una investigación clara, precisa sobre las bases y premisas del protocolo de Estambul para evitar la impunidad y dar garantías de no repetición, es decir que casos de esta naturaleza no sigan ocurriendo”, precisó.