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¡QUE SE SEPA! ONG de derechos humanos rechazaron imposición de la Ley Contra el Odio

La ONG Un Mundo Sin Mordaza, de la mano de varias organizaciones venezolanas, rechazó este miércoles la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

Foto: Cortesía

Mediante un comunicado publicado en la página oficial de Un Mundo Sin Mordaza, las distintas organizaciones manifestaron su «preocupación» por la creación de esta ley, considerando que su aplicación es «inconstitucional».

Asimismo, consideran que al ser una ley emanada de la ANC carece de validez puesto que este organismo no está legitimado por el pueblo venezolano y no fue debidamente convocada, pues se hizo mediante una «interpretación viciada del artículo 348 de la Constitución».

«Las disposiciones contenidas en este instrumento normativo constituyen una grave violación a la libertad de expresión, libertad de asociación, derecho a la manifestación pacífica y progresividad de los derechos y libertades fundamentales», añade el texto.

Los voceros encargados de dar las declaraciones fueron Oscar Patiño, de la organización Un Mundo Sin Mordaza; Feliciano Reyna, de la organización Acción Solidaria, y Carlos Correa, de la organización Espacio Público

A continuación el comunicado íntegro:

Las organizaciones firmantes del presente comunicado manifiestan su profunda preocupación por la denominada “Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia” y las implicaciones que la aplicación de esta norma inconstitucional pueda tener en materia de derechos humanos en Venezuela.

Quienes nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos en Venezuela, ratificamos nuestro contundente rechazo a la mencionada “Ley Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia” pues emana de la Asamblea Nacional Constituyente la cual carece de legitimidad por haber sido convocada mediante una interpretación viciada del artículo 348 de la Constitución, teniendo esto como resultado que ninguna de las actuaciones de la ANC tendrá validez jurídica alguna.

Las disposiciones contenidas en este instrumento normativo constituyen una grave violación a la libertad de expresión, libertad de asociación, derecho a la manifestación pacífica y progresividad de los derechos y libertades fundamentales. Incluye definiciones vagas e imprecisas y pretende aplicar penas excesivas que van de 10 a 20 años de prisión a quien públicamente o a través de  cualquier medio de difusión transmita ideas u opiniones críticas al gobierno venezolano. Más grave aún, es que a través del uso de conceptos jurídicos indeterminados, en esta inconstitucional ley, se configuran tipos penales, que en el marco de una justicia parcializada y no independiente como la venezolana, no tenemos duda, producirá sentencias condenatorias contra los sujetos que, en pleno ejercicio de sus derechos fundamentales, disientan políticamente de los detentadores del poder.

La elaboración de normas de materia penal de acuerdo a la Constitución de 1999 son materia de reserva legal y por lo tanto solo la Asamblea Nacional podrá legislar sobre esta; asimismo, tal como lo menciona El Foro por la Vida, “la pretendida legislación descansa en la teoría del “expansionismo penal”, según la cual la cárcel es la solución de los conflictos. El objetivo de la ley es “erradicar el odio”, lo que se traduce en criminalizar las expresiones de odio, pero no define qué entiende por “odio”, por lo tanto la imprecisión deja la puerta abierta a la penalización de cualquier expresión sin utilizar un criterio riguroso, apegada a la normativa internacional y nacional. No contempla una gradación del “odio” en las que a cada expresión o conducta le corresponde una respuesta diferenciada.”.

Del mismo modo, según publicación del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS Venezuela), la Ley contra el Odio, representa una clara violación al debido proceso, transgrediendo así el artículo 49 de la Constitución Nacional, mediante la agravante contenida en el artículo 21 de la precitada norma inconstitucional.

Por su parte, el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, opinó: “Tendrá el efecto sistemático de inhibir la crítica al interior del país, porque todos los seres humanos tienen temores naturales de sufrir en un régimen sin garantías, es mucho más grave de lo que parece a primera vista”.

Rechazamos las amenazas dirigidas a las organizaciones que hacemos vida en Venezuela en virtud del contenido de la Ley contra el odio; tal como sucedió el día 15 de noviembre del presente año, cuando el Vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y miembro de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, durante la transmisión de su programa “Con el Mazo Dando”, pretendió criminalizar la labor de la organización “Un Mundo Sin Mordaza”, acusándola de incitar al odio y a la violencia y amenazándola con la aplicación de la Ley contra el Odio.

Es por esto que, las organizaciones dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos en Venezuela no cesaremos en nuestra lucha por el respeto de las garantías fundamentales contenidas en la Constitución Nacional así como en pactos y tratados internacionales. Continuaremos acompañando a todos aquellos afectados por la aplicación de esta Ley y a las víctimas de violaciones de derechos humanos en el país, exigiendo sea aplicada la justicia contra los responsables del abuso de poder.

Redacción Maduradas con información de Un Mundo Sin Mordaza

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