El partido de Leopoldo López, Voluntad Popular (VP), denunció hoy que el «régimen de Nicolás Maduro» pretende ilegalizar esta formación opositora y encarcelar a su coordinador, el también vicepresidente del Parlamento Freddy Guevara.
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La señal de alarma lanzada por VP llegó minutos después de que el Tribunal Supremo de Justicia estableciera hoy que Guevara debe ser juzgado por delitos de «instigación pública continuada» y otros delitos relacionados con su papel en las protestas antigubernamentales que vivió el país entre abril y agosto de este año.
Para ello, el TSJ solicitará a la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente instaurada por el oficialismo que levante la inmunidad parlamentaria de Guevara, si bien es el propio Parlamento el que debe tomar esta decisión según lo dispuesto en la Constitución.
En un comunicado, VP denuncia «la persecución continuada» a la organización, «esta vez mediante la pretensión de ilegalización anunciada por el mismo Maduro», y vinculó la acción emprendida contra Guevara con la negativa del partido de acudir a unas elecciones municipales de diciembre que considera viciadas de antemano.
El partido de López -que permanece en arresto domiciliario tras más de tres años preso- advirtió asimismo de que el presidente del Parlamento, el opositor y dirigente de Primero Justicia (PJ), Julio Borges podría correr la misma suerte de Guevara.
La aseveración de VP se basa en que el presidente venezolano volvió a acusar a Borges de «traición a la patria» por apoyar sanciones contra el Gobierno.
El fiscal general, Tarek William Saab, había anunciado esta semana la apertura de una investigación por haber incurrido en supuestos delitos de «conspiración» e «instigación a la desobediencia» contra los opositores que rechazaban acudir a las urnas y cuestionaban la integridad del Consejo Nacional Electoral (CNE).
La decisión del TSJ fue anunciada hoy en televisión por el vicepresidente del Gobierno, Tareck el Aissami.
El presidente Maduro ha amenazado en numerosas ocasiones con la cárcel a Guevara, de 31 años y que empezó su trayectoria política como dirigente estudiantil.
Grupos de defensa de derechos humanos, antiguos altos cargos oficialistas y la propia oposición denuncian la inexistencia de la separación de poderes en Venezuela, donde según la ONG Foro Penal hay en la actualidad 380 presos políticos.
Información de EFE
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