El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, sale del Gobierno marcado por dos escándalos políticos: el llamado Delcygate y el rescate de la aerolínea Plus Ultra, ambos relacionados con el gobierno venezolano de Nicolás Maduro, y sin cumplir sus objetivos de presentar una ley de movilidad y otra de vivienda.
El País
La destitución de Ábalos, uno de los ministros con mayor peso político del Ejecutivo y una de las personas de confianza de Pedro Sánchez desde que le ayudara a recuperar el liderazgo del PSOE en las primarias de 2017, ha sido una de las grandes sorpresas de la remodelación del Gobierno.
Ministro de Fomento en el gobierno surgido de la moción de censura a Mariano Rajoy (2018-2020), Ábalos renovó su cargo en el segundo gobierno de Sánchez al frente de una cartera renombrada y llamada a reorientar su tradicional acción constructora de infraestructuras ligada a las reivindicaciones territoriales hacia los desafíos de la movilidad, el urbanismo y la vivienda.
Solo unos días después de su toma de posesión, en enero de 2020, su encuentro, con versiones y declaraciones confusas desde el principio, con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas, cuando ésta tenía prohibido el acceso al espacio Schengen y, por tanto, no podía entrar en España, le colocó en el disparadero de la oposición.
Por este asunto. el PP y Vox pidieron por primera vez su dimisión y una comisión de investigación e incluso lo llevaron a los tribunales, aunque el Supremo archivó el caso en noviembre, al considerar que se vulneró la prohibición de la «número dos» del régimen de Maduro de pisar territorio de la Unión Europea (UE), pero que no hubo delito.
Un año después, el cerco político vino por «avalar» el rescate con 53 millones de euros a Plus Ultra, una aerolínea considerada «chavista, en quiebra y sin vuelos» por los grupos de la oposición, un asunto del que él siempre se desvinculó y que se investiga en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid y en el Tribunal de Cuentas.
Artífice, como coordinador de la campaña de primarias, de la ‘resurrección‘ de Pedro Sánchez en el PSOE, Ábalos es también desde 2017 secretario de Organización del partido y fue portavoz provisional en el Congreso tras la moción de censura a Rajoy.
Afable, flexible, negociador nato, el perfil de este valenciano de 61 años ha contribuido a que el Gobierno mantenga buenas relaciones con los empresarios del transporte, la construcción, las infraestructuras y los inmobiliarios.
Por estos últimos habría sido presionado, según las acusaciones de su socio de gobierno, para no aceptar la limitación de precios del alquiler que exige Unidas Podemos apelando al acuerdo de gobierno.
Una cuestión que mantiene paralizada la presentación del anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda que su ministerio negocia con el de Derechos Sociales, que primero dirigió Pablo Iglesias y ahora Ione Belarra.
Tampoco ha logrado culminar el anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte, ni gestionar los 17.000 millones de euros que le correspondían dentro del plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, nuevo bastión de los socialistas.
EFE
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