La ONG Acceso a la Justicia denunció que con el estado de excepción que ratificó el Tribunal Supremo de Justicia, y que es un instrumento normativo emanado de la Presidencia de la República, Nicolás Maduro se faculta a sí mismo para tomar acciones económicas, sociales, políticas y jurídicas en el territorio nacional, sin control alguno de su poder.
Foto: Notitotal.com
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Lo más relevante para Acceso a la Justicia son las “nuevas” medidas que ahora dictará de manera exclusiva y excluyente el Presidente de la República pues de forma insólita omite toda referencia al Consejo de Ministros, órgano colegiado que según la Constitución está encargado de refrendar las decisiones del Presidente (art. 236 CRBV).
«El decreto permite al Presidente un uso del presupuesto público sin control alguno. Entre otras cosas, la potestad de dictar normas excepcionales para la asignación de recursos, así como los límites máximos de autorizaciones para gastar y la distribución de los egresos que regirán en el ejercicio económico financiero 2017″, advierten en un comunicado público.
Precisan que de forma inconstitucional, Maduro también se facultó para dictar normas «especiales» para la obtención de información de las personas que desarrollan actividades económicas en el país y para establecer rubros prioritarios para las compras del Estado y la asignación directa de divisas para su adquisición.
Resaltan que este decreto «intervencionista» escapa del control del Parlamento, contrariando así lo previsto en la Carta Fundamental.
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Redacción Maduradas.