La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, calificó de “irresponsables” las declaraciones del presidente de su país, Nicolás Maduro, quien acusó a su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, de estar implicado en el atentado en su contra el sábado en Caracas.
Composición: Maduradas/ Fotos: AVN. EFE
Ortega habló con la prensa tras la segunda audiencia del juicio que el autodenominado Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) “en el exilio” lleva a cabo en Bogotá contra Maduro por supuesta corrupción relacionada con la constructora brasileña Odebrecht.
Según Ortega las acusaciones de Maduro son “inciertas” y hacen parte de un plan de “acusar a cualquiera, de echarle la culpa a todos de la tragedia de la que ellos (el Gobierno venezolano) son responsables”.
A la audiencia de este lunes, segunda del juicio que comenzó el pasado jueves en Bogotá, asistió el exalcalde opositor Antonio Ledezma, quien denunció que “en Venezuela hay todos los días un golpe de Estado” que ocurre “cada vez que Nicolás Maduró pisotea la Constitución nacional”.
“Lo que estamos viendo ahora es un ciudadano poniéndose las manos en la cabeza, hablando de que lo quieren matar, cuando es el régimen que él dirige el que está todos los días cometiendo crímenes”, agregó Ledezma.
Maduro denunció el sábado que intentaron asesinarlo en un ataque con drones en Caracas cuando pronunciaba un discurso por el 81 aniversario de la Guardia Nacional (GNB, policía militarizada).
El mandatario atribuyó el hecho a “la ultraderecha venezolana en alianza con la ultraderecha colombiana” y aseguró no tener dudas de “que el nombre de Juan Manuel Santos está detrás de este atentado”.
Santos rechazó esas acusaciones y dijo que tiene cosas más importantes que hacer que conspirar contra su vecino.
“¡Por Dios!, yo le digo al presidente de Venezuela, yo el sábado estaba en unas cosas mucho más importantes, estaba bautizando a mi nieta”, manifestó Santos, quien dejará mañana el cargo a su sucesor, Iván Duque.
El Parlamento venezolano, controlado por la oposición, designó en julio del año pasado a 33 magistrados para el Tribunal Supremo, con la idea de que reemplazaran a 33 jueces en ejercicio de esa instancia, al considerar que están al servicio del Gobierno y que en su nombramiento hubo graves irregularidades.
El Supremo nombrado por el Parlamento funciona en el exilio y se autodenomina “legítimo” al considerar que el que funciona en Caracas fue nombrado “sin que se cumplieran los requisitos constitucionales”.
Con información de EFE.