«La Corte Internacional de Justicia (CIJ) no tiene jurisdicción para admitir la demanda unilateral de Guyana», aseguró este martes 30 de junio la Comisión Mixta en Defensa del Esequibo y la Fachada Atlántica de la Asamblea Nacional (AN), presidida por el diputado Williams Dávila, quien señaló que la acción jurídica por el territorio en disputa no es admisible ante dicha instancia.
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Durante un foro titulado: “Audiencias orales sobre el Esequibo en la Corte Internacional de Justicia, la grave situación actual de nuestro reclamo”, en el cual participó el parlamentario y el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, todos los ponentes coincidieron en que la aplicación unilateral que ahora ejerce Guyana va en contra del acuerdo de Ginebra.
Dávila aseveró que por culpa del régimen de Nicolás Maduro el caso llegó a la CIJ. Enfatizó el chavismo actuó como un traidor por su «omisión y negligencia».
VENEZUELA NO SE PRESENTÓ EN LA CORTE
Con su ausencia Venezuela boicoteó este martes 30 de junio la primera audiencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la disputa fronteriza con Guyana, un conflicto que alegó el régimen de Nicolás Maduro no puede ser examinado por el alto tribunal de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Respetuosamente le informamos que puesto que Venezuela no aceptó la jurisdicción de la Corte (…) la República Bolivariana de Venezuela no participará” en la audiencia, comunicó Maduro.
“Venezuela informa que, conforme con su posición histórica y en estricto apego al Acuerdo de Ginebra de 1966, no asistirá a la insólita e irregular audiencia convocada para el 30 de junio por la Corte Internacional de Justicia, sobre la demanda unilateral de Guyana”, reza parte de un comunicado difundido el pasado 20 de junio por Jorge Arreaza, canciller del régimen.
Venezuela reclama la soberanía sobre la extensa región del Esequibo, rica en minerales y bosques, que abarca una zona marítima con recursos petroleros.
La relación entre Venezuela y Guyana se fracturó luego de que el conflicto volviera a caldearse en 2015, cuando se anunció un hallazgo significativo de crudo por parte de una concesión trasnacional en las aguas disputadas.
Las audiencias deberían haberse celebrado en marzo, pero fueron suspendidas por la pandemia del coronavirus (COVID-19). La Corte con sede en La Haya (Países Bajos) indicó que el examen del caso se haría mediante teleconferencia.
Venezuela criticó esa decisión “sin precedentes” y hace diez días, como lo dice en el comunicado anteriormente citado, anunció que finalmente no comparecería.
Redacción Maduradas con información del Centro de Comunicación Nacional (CCN)
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