Luisa Ortega Díaz llamó a los ciudadanos a ayudar en el combate contra la impunidad informando de las infracciones a la ley que ocurran, pero haciendo responsablemente y siempre ante los entes competentes.
«Es importante que la persona denuncie para que no haya impunidad«. Así lo aseguró hoy la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, quien invitó a los venezolanos a informarle a su despacho sobre los delitos de los que tengan conocimiento, en particular «aquellos casos pequeños, porque si aquellos casos pequeños no son resueltos se convierten en grandes casos«, señala El Universal.
Sin embargo, la jefa del Ministerio Público precisó que las denuncias deben ser presentadas ante su despacho directamente o en su defecto en las policías y no a través de los medios de comunicación ni las redes sociales.
«No constituyen órganos receptores de denuncias los medios de comunicación ni esa herramienta tecnológica llamada Twitter«, afirmó en la mañana de hoy en el programa «Justicia y Valores», que emite cada 15 días por una emisora comercial, donde precisó que los medios y las redes «son espacios para hacer catarsis o para exponer lo que la persona considere y ejercer su derecho a la libertad de expresión».
La Fiscal General negó que todo lo aparecido en los diarios, televisoras, radios o sitios web se pueda considerar una noticia que obligue a su despacho a actuar. «Por ejemplo un homicidio. En la esquina hay una persona en un charco de sangre, en apariencia con unos impactos de bala. Eso es la noticia de un crimen y cuando estamos en presencia de ella si se actúa de oficio, allí si actúa el Ministerio Público sin que nadie denuncie», dijo, al tiempo que admitió que cuando aparece una información sobre un supuesto hecho de corrupción allí no se abre ninguna averiguación.
Sin embargo, el artículo 265 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) establece: «El Ministerio Público, cuando de cualquier modo tenga conocimiento de la perpetración de un hecho punible de acción pública, dispondrá que se practiquen las diligencias tendientes a investigar y hacer constar su comisión, con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación y la responsabilidad de los autores y demás partícipes, y el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración». En dicha norma no se hace distinción entre los delitos que se deben investigar de oficio.
Asimismo reclamó responsabilidad de los denunciantes. «No podemos estar haciendo denuncias para crear conflictos, amenazar al otro o intimidar a otra persona o aparecer a través de los medios. Cuando se formula una denuncia se mueve todo el aparataje del sistema de justicia, eso es una inversión, un gasto para el Estado».
Desde el Ministerio Público se maneja la tesis de que un importante número de casos que reciben no tienen sustento legal y simplemente tienen un objetivo político. Así lo dejó en claro la exdirectora de Derechos Fundamentales de ese organismo, María Mercedes Berthé, el año pasado al participar en la evaluación ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, donde afirmó: «En Venezuela hay toda una estructura de abogados y organizaciones que formulan denuncias, muchas de ellas sin fundamento, con el avieso propósito de construir una imagen negativa de la institucionalidad».