La periodista Sebastiana Barráez reveló en un trabajo publicado por Infobae la historia de un militar que fue sentenciado a tres años y nueve meses por haber grabado un video donde mostraba las deplorables condiciones en las que se encuentra un comando de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en la frontera con Colombia.
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La sentencia fue emitida por el juez militar capitán Carlos Rafael Rodríguez Vargas, pero más adelante la jueza del Tribunal Séptimo de Ejecución, mayor Yulimar Borges Guitián, y sobrina del presidente de la Corte Marcial, mayor general del ejército Édgar José Rojas Borges, hizo una «extraña multiplicación de la pena», según la comunicadora, y terminó imponiéndole ocho años y seis meses.
Se trata del sargento ayudante de la GNB Miguel Alexander Bracho Domínguez, quien tenía 25 años en la institución castrense, cuando pensó que podía hacer un video en el puesto fronterizo ubicado en Buena Vista del Meta para demostrar las condiciones en las que se encontraba el comando, anegado y mencionando que llevaban dos meses comiendo solo arroz, mismo que publicó en las redes sociales el 21 de septiembre de 2018.
Esto fue considerado por el Alto Mando Militar como «traición a la patria» por dejar al descubierto las condiciones en las instalaciones militares.
Antes de que el video se hiciera público los militares protestaron por las precarias condiciones en el comando y los guardias le mostraron el video al coronel Roberto Alexander Gil Ugas y al general Francisco Alejandro Corona Preciado para que consideraran atender su situación.
Para el 23 de septiembre de 2018 Bracho Domínguez y los 15 militares en protesta fueron llamados desde el comando 351 de la ZODI de San Fernando, en Apure, para que se presenten para una visita del entonces comandante general de GNB, mayor general Richard López Vargas, quien supuestamente les impondría condecoraciones y les daría línea blanca y créditos del Banco de la Fuerza Armada (Banfanb).
Los militares fueron trasladados a una oficina con el general Corona Preciado, entonces jefe del Comando de Zona 35 de la GNB, quien le prometió a Bracho Domínguez que los expulsaría del componente y lo metería preso. Luego de esto se hizo presente el mayor general López Vargas quien supuestamente insultó a los militares por el video.
«Les dijo que eran indignos, antirrevolucionarios y que quería todo el peso de la ley contra ellos por haber revelado cómo estaba el comando de la GNB en El Meta», dijo un militar que estuvo presente en el lugar explicando que allí fueron detenidos.
Ese día fueron detenidos Bracho Domínguez junto a otros 14 militares identificados como José Vladimir Luna Moncada, Miguel Ángel Berroterán Belisario, César Arturo Ruiz Segovia, Jhonny José Blanco Ynojosa, Cristian Asdrúbal Farfán Barrios, Carlos Ernesto Guaranato Osto, Anyelo Fabián Ortega Calderón, José Manuel Tovar Corona, Junior Alberto Olivares Lugo, Álvaro José Romero Gualdrón, Carlos Argenis Naranjo Pérez, José Gregorio Arrechider Colmenarez, Ismael Piñuela Acosta y Alfonso Martínez Alvarado.
La presentación de Bracho Domínguez ante el Tribunal fue el 26 de septiembre donde fue imputado por traición a la Patria y el 13 de diciembre se hizo la audiencia preliminar. A los 14 militares restantes les sobreseen la causa y salen en libertad, nueve de ellos fueron dados de baja y solo cinco regresaron a la GNB.
A Bracho Domínguez le indicaron que los delitos eran graves y le recuerdan que puede beneficiarse de un procedimiento de admisión de hechos.
El abogado Marcos Goitía, a cargo de la defensa del militar explicó que en ese momento le señalaron que de admitir los hechos por grabar y publicar el video se le daría prerrogativa para ser condenado a menor tiempo, de esta manera la sentencia sería de tres años y nueve meses.
Bracho admitió los hechos porque creyó en lo sugerido por el juez y el fiscal de la Fuerza Armada, pero al parecer todo resultó en engaño.
Cuando ya tenía un año preso en la cárcel militar de Ramo Verde llamaron a su familia desde el tribunal para que consignaran una serie de requisitos: constancia de residencia, oferta de trabajo y copia de cédula; pero luego de tres meses sin respuestas, su esposa se presentó en el tribunal para preguntar por los cómputos de la pena y le indicaron que no estaban listos porque la pena había aumentado a cuatro años y seis meses, además para que los beneficios salieran «más rápido» debían revocar al abogado Goitía y nombrar a un defensor militar para que le pudieran dar un beneficio procesal.
La esposa de Bracho volvió al tribunal en diciembre de 2019 donde insiste por el cómputo de la pena y la llevan a hablar con la defensora militar teniente Melo, quien le confesó: «Le voy a decir la verdad, a su esposo lo engañaron. Él no debió asumir ese delito y la condena que le van a meter en Ejecución es de ocho años y seis meses, porque al ordenar presidio la condena es doble«.
Redacción Maduradas con información de Infobae.