El Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha registrado en el Congreso una proposición no de ley (PNL) sobre “la extensión de protección temporal a los exiliados venezolanos en España” en la que pide “diseñar un plan de acogida” para este colectivo y garantizar su inserción en el mercado laboral con pleno acceso a los servicios sociales y el cumplimiento de sus obligaciones con el Estado.
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En el texto, además, se insta al Gobierno a liderar en la UE la aprobación de nuevas sanciones contra altos cargos del régimen de Nicolás Maduro. La iniciativa la firman María Luisa Alonso, que es hispano venezolana y es vicepresidenta de la Comisión de Exteriores y Melisa Rodríguez, portavoz en esta Comisión.
Entre enero y agosto de 2019, unos 15.000 venezolanos a los que se les había denegado el asilo desde 2014 han podido acogerse a esta figura, según datos del Ministerio del Interior facilitados a Europa Press. Los venezolanos siguen siendo la mitad de quienes piden asilo en España: Unos 23.000 de los 65.500 que lo han solicitado entre el 1 de enero y el 30 de julio.
Ciudadanos alega en su exposición de motivos que la resolución de las solicitudes de asilo es lenta e ineficiente y no está a la altura “ni del número de demandantes ni de la gravedad de la situación en la que se encuentra Venezuela”.
La PNL también quiere que el Congreso condene “la dictadura del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, que está causando una crisis económica, política y humanitaria y que está expulsando a millones de venezolanos de su país”.
Además, su objetivo es pedir al Gobierno que colabore con los 145 países latinoamericanos que han suscrito un plan de acción para la acogida e inclusión del éxodo venezolano celebrado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Sanciones a Maduro
Por otro lado, Ciudadanos reitera su ya tradicional petición de que España se adhiera al grupo de países que ha demandado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (TPI) que investigue la posible comisión de crímenes de lesa humanidad por parte del régimen de Nicolás Maduro –algo que el Gobierno hasta ahora ha rechazado–.
Por último, quiere que el Gobierno lidere en el seno de la UE la “presión internacional” al régimen de Nicolás Maduro mediante una ampliación de las sanciones específicas contra sus altos cargos.
Redacción Maduradas con información de Europa Press
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