La creciente presencia de grupos paramilitares y mafias de la minería ilegal en los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, representan apenas una de los consecuencias negativas del decreto aprobado por el presidente Nicolás Maduro que creó el Arco Minero del Orinoco.
Foto: Runrunes
En un informa realizado por la Asamblea Nacional, al que tuvo acceso el portal Crónica Uno, detalla la presunta actitud «complaciente» de cuerpos de seguridad del Estado, no solo frente a la devastación que se está produciendo en el territorio, sino frente a la actuación impune de estos grupos paramilitares.
La comisión mixta del Parlamento se está encargando del estudio del impacto del Arco Minero. La misma fue creada y presidida por el diputado Américo De Grazia.
Los parlamentarios advierten que la minería causa estragos en la cuenca del río Atabapo, ubicada en el Parque Nacional Yapacana, “el cual viene siendo destruido ante la mirada complaciente de la fuerzas de seguridad”.
Parte del informe elaborado por la comisión mixta de la AN detalla: “Estamos en presencia de la cesión de soberanía, corriendo el peligro, que suceda la experiencia del territorio Esequibo a cuya reclamación histórica, el gobierno y la Fuerza Armada Nacional han renunciado de facto. Se observa la constitución de formas criminales, que han impuesto su modo de vida y su autoridad”.
Redacción Maduradas con información de Crónica Uno
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