La Defensoría del Pueblo de Ecuador volverá la próxima semana a los tribunales ante la decisión de Quito de exigir cédulas validadas a los ciudadanos venezolanos que quieran ingresar en el país andino, indicó este sábado a Efe su titular, Gina Benavides.
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El nuevo requisito migratorio se anunció este viernes poco después de que un tribunal de Quito anulase la regulación del Gobierno de exigir pasaportes (desde el 18 de agosto) a los venezolanos y diese un plazo de 45 días a la Cancillería para que presente un plan de contingencia humanitario frente a los problemas de la emigración.
«Estamos muy preocupados por este nuevo acuerdo (ministerial) que lo que busca es incumplir la sentencia» de la jueza sobre las medidas cautelares presentadas el 17 de agosto por la Defensoría del Pueblo y otras organizaciones, comentó Benavides.
Por ello, indicó que el próximo lunes informarán sobre la situación a la jueza que podría acoger la interpretación de la Defensoría del Pueblo o considerar que «es otro acto y que frente a eso habría que activar nuevamente otras medidas cautelares», especuló.
Criticó que no se haya detallado sobre el nuevo acuerdo en la audiencia desarrollada ayer en la que quienes defendían la medida migratoria, mencionaron la existencia de un nuevo requisito pero no lo detallaron, según Benavides.
«Vamos a sostener ante la jueza que el Gobierno ecuatoriano en plena audiencia omitió dar la información y esto efectivamente involucra una forma de incumplimiento», sostuvo.
Según el nuevo acuerdo ministerial, los venezolanos pueden ingresar «con la presentación de un certificado de validez de la cédula de identidad, emitido por un organismo regional o internacional reconocido por el Gobierno de Ecuador».
También podrían hacerlo «con la presentación de un certificado de validez de la cédula de identidad emitido por las entidades autorizadas al efecto por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, debidamente apostillado», según un comunicado del Gobierno.
Benavides, que ve complicado de momento el proceso de apostilla para los emigrantes venezolanos, reveló que agencias de Naciones Unidas, que no identificó, le indicaron que no pueden llevar a cabo ese proceso.
La titular de la Defensoría del Pueblo, que consideró al pedir las medidas cautelares hace más de una semana que el Gobierno no estaba cumpliendo la ley, insistió en que es «preocupante» la nueva exigencia que -en su opinión- demuestra «la voluntad del Gobierno de mantener una política de restricción».
Reiteró que con el nuevo acuerdo emitido por Cancillería «están limitando la sentencia» de la jueza quien recordó en la audiencia que no se puede modificar la ley de Movilidad Humana a través de un acuerdo, rememoró.
Benavides explicó a Efe que ha pedido a sus distintas oficinas de frontera que monitoreen la aplicación para determinar cuántas personas se están quedando por el nuevo requisito, datos que presentarán el lunes ante la jueza.
Consideró que el Gobierno «activó a última hora un cordón humanitario» el pasado jueves para trasladar en autobuses a decenas de venezolanos hasta la frontera con Perú, país que desde hoy exige pasaportes a los ciudadanos de ese país.
«Unos buses llegaron a Huaquillas (frontera con Perú) y pudieron pasar las personas antes de las doce (de la noche). Lo que tuve reportes en la madrugada de hoy es que llegaron más de diez buses, con cuarenta personas por promedio, y esas personas ya no pudieron ingresar» porque entró en vigor el requisito de pasaporte, dijo.
Los ciudadanos venezolanos varados ahora en la frontera con Perú están «buscando alternativas para poder ingresar» en esa nación andina, señaló al comentar las dificultades de quienes están ahora en situación irregular en ese sector sin la Carta Andina.
«Estamos orientando a las personas en relación a sus derechos», informando sobre «los posibles riesgos que pueden tener para que no caigan en ningún tipo de red de trata de personas o tráfico de migrantes que es el riesgo que efectivamente existe», comentó.
Para Benavides, lo «paradójico de esto es que las personas están con documentos, tienen su cédula, no es que están indocumentadas, pero se les colocó en situación de irregularidad al momento en que el Estado no aceptó la cédula como documento de ingreso».
Con información de EFE