El 30 de julio de 2017 fue elegida la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), tras un inconstitucional método de convocatoria y unas elecciones cuestionadas por la oposición y la misma comunidad internacional. Desde entonces, la función del órgano que se instaló el 4 de agosto de ese año, que debería ser reformar la Constitución de 1999, no se ha cumplido en medio de movimientos que solo buscan desarticular más a la disidencia venezolana.
AVN
Una de las primeras acciones que realizó la ANC, a solo seis días de su elección, fue destituir a la fiscal Luisa Ortega Díaz de su cargo tras acusarla de supuesta corrupción y nombrar a Tarek William Saab como su sustituto.
Ese movimiento se realizó en medio de las tensiones por las protestas contra el régimen en ese año y las denuncias de Ortega contra los organismos de seguridad del Estado, señalados como los responsables de la muerte de al menos 120 personas en el contexto de las manifestaciones.
En paralelo, la ANC empezó a asumir las funciones que la Constitución dicta de forma exclusiva a la Asamblea Nacional (AN).
La ANC inició con Germán Ferrer, diputado disidente del oficialismo y esposo de Ortega Díaz, una serie de allanamientos que hasta ahora le han robado la inmunidad parlamentaria a más de 25 parlamentarios, la mayoría bajo el supuesto delito de traición a la patria.
También la ANC asumió la potestad de convocar, aludiendo a la supuesta supraconstitucionalidad, a diversos procesos electorales como la elección de gobernadores en 2017, alcaldes y concejales en 2018, al igual que un fallido comicio presidencial en el cual se declaró ganador Maduro y que le valió no ser reconocido por al menos 50 países.
La ANC es la madre de las leyes y decretos «constitucionales» que se han usado con fines políticos y a favor del chavismo, como la denominada “ley contra el odio”, que ha arremetido contra los derechos de los dirigentes políticos y la población en general por expresar opiniones en contra de Maduro y su cúpula.
También destaca la ley de abastecimiento y precios acordados, que ha permitido al régimen seguir su oferta populista en detrimento de la estabilidad económica y el deterioro del sector privado, único sostén del país ante el colapso de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Redacción Maduradas con información de Tal Cual
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