A casi cinco meses del ataque del Ejército contra la comunidad pemon Kumarakapay, en el municipio Gran Sabana del estado Bolívar, y el de la Guardia Nacional hacia pemones y criollos, en Santa Elena de Uairén, no hay responsables por los mismos.
Foto: @Watcher_ven
No ha habido ni un detenido por los siete asesinatos y más de 50 heridos que resultaron de ambos ataques de las fuerzas militares, mientras los indígenas, quienes solo exigían el ingreso de la ayuda humanitaria, fueron desplazados huyendo de la persecución y hay quienes aún no han podido retornar a su vida cotidiana.
El 22 de febrero fueron decenas de heridos los traslados a Boa Vista para ser atendidos, ante la falta de insumos en el hospital de Santa Elena de Uairén. Allá murieron tres pemones y quedan 11 heridos, dos de Kumarakapay y nueve de Santa Elena de Uairén, esperando por cirugía.
“Es difícil porque son padres de familia que no han podido retornar a su fase productiva en más de cuatro meses”, manifestó Ricardo Delgado, líder indígena de Kumarakapay, quien es uno de los que huyó de la persecución de esos días.
Al menos 30 familias de Kumarakapay y 587 pemones de otras comunidades fueron desplazadas de su territorio, todos huyendo de la represión que por vez primera se dio en el municipio. Las otras comunidades que se han visto afectadas son Maurak, Waramasen, San Antonio, Manakru y Paraitepuy de Roraima.
Desde febrero, caciques y capitanes indígenas tuvieron que huir y refugiarse montaña adentro porque la orden del régimen era detenerlos, vivos o muertos, según denunciaron.
“El régimen de Nicolás Maduro nunca asumió su falta. Esperamos que con el informe del Alto Comisionado de la ONU, donde se muestra que sí hubo violaciones de derechos humanos, con el tiempo llegue la justicia”, puntualizó Delgado.
Redacción Maduradas con información de Caraota Digital.
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