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¡SIN LEY! 14 de 23 obligaciones generales han sido violadas por policías y generales

Normas para controlar protestas han quedado en letra muerta. 14 de 23 obligaciones generales han sido violadas por policías y militares.

No usar armas de fuego, no disparar el armamento defensivo de forma indiscriminada contra los manifestantes, no propulsar agentes químicos en forma directa contra las personas y evitar su difusión cerca de hospitales, geriátricos, escuelas o sitios cerrados; no provocar a los manifestantes, aprehender solo a aquellas personas que agredan a otras o a policías y no realizar redadas; no utilizar la fuerza contra las personas que huyen o caen mientras corren; y no maltratar a las personas detenidas.

Caracas Altamira 16 de Marzo 16M GNB Protestas Guardia Nacional (6)

Estas son algunas de las 14 disposiciones contenidas en el Manual de Actuación de los Cuerpos de Policía para Garantizar el Orden Público, la Paz Social y la Convivencia Ciudadana en Reuniones Públicas y Manifestaciones, que algunos efectivos de la Policía y de la Guardia Nacional han violado durante las protestas y disturbios que han sacudido al país en el último mes, de acuerdo con las denuncias formuladas por distintas organizaciones de Derechos Humanos, partidos políticos y manifestantes, algunas de las cuales han sido reconocidas por las autoridades.

El instrumento, elaborado por el Consejo General de Policía en 2011 luego de que el Ministerio del Interior aprobara las Normas sobre Actuación de los Cuerpos de Policía para Garantizar el Orden Público, la Paz, la Convivencia Ciudadana en Reuniones Públicas y Manifestantes, establece 23 obligaciones, es decir que más de la mitad habrían sido irrespetadas por los uniformados.

“La conducta de los cuerpos de seguridad ha estado reñida con los principios universales previstos en los tratados internacionales de Derechos Humanos y en las leyes nacionales”, afirmó Carlos Lusverti, coordinador de Amnistía Internacional en Venezuela, quien sustentó sus palabras en el uso excesivo de gases para dispersar la manifestación estudiantil del pasado 12, así como en los videos que circulan en las redes sociales y en los que se ve como blindados de la Guardia Nacional disparan sus cañones de agua y lanzan bombas lacrimógenas hacia los edificios en la urbanización Chacao.

Por su parte, el coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Marino Alvarado, alertó que los ataques que han sufrido edificios residenciales en las últimas semanas por parte de agentes de la ley no solo violan las buenas prácticas en materia de control de manifestaciones, sino que podrían considerarse un delito.

“Aplicando el Código Penal en su sentido más estricto el disparar perdigones o gases lacrimógenos podría considerarse intento de homicidio, porque algunos esos instrumentos puede terminar acarreando la muerte”, afirmó.

La Guardia para lo que salga

Alvarado también denunció que se ha vulnerado el artículo 332 de la Constitución de 1999, el cual le reserva a la policía civil la tarea de preservar el orden público.

“La policía es la que tiene la tarea de controlar las manifestaciones, pero aquí la Guardia Nacional ha actuado en algunos casos de una vez y sin que se hayan agotado los niveles previstos en las resoluciones aprobadas por el Ministerio del Interior”, indicó.

El Consejo General de Policía ha diseñado una escalas de conflicto social, en las cuales se definen claramente cuándo pueden participar los militares. De acuerdo a ellas la GN solo puede intervenir cuando “grupos violentos cierren vías principales y secundarias”, cuando se registren “saqueos a comercios” así como el “incendio de instalaciones” y sobre todo cuando haya “utilización de armas de fuego por parte de los manifestantes”.

Tampoco se ha respetado en todos los casos los procedimientos previstos. Vecinos de Chacao, los cuales prefirieron el anonimato, relataron a El Universal que los uniformados han llegado en los últimos días a la avenida Francisco de Miranda y sin mediar palabra comienzan a disparar gases y perdigones.

Sin embargo, el Manual prevé que el primer nivel de actuación deben ser el diálogo, la negociación y la mediación. Una vez agotado esta vía se debe advertir, en tres ocasiones y mediante altoparlantes, a los protestantes de que se arriesgan a ser dispersados por la fuerza.

“Las veces que han utilizado los altoparlantentes es para colocar canciones a todo volumen”, aseveró uno de los residentes de la zona consultados, mientras que otro señaló: “Yo los he escuchado decir llegó la maldad”.

Las leyes no bastan

Tanto Lusverti como Alvarado atribuyeron estas situaciones al hecho de que las autoridades hicieron caso omiso a la sentencia que en 2002 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sobre el Caracazo y en la cual le ordenó “ajustar los planes operativos tendientes a encarar las perturbaciones del orden público a las exigencias del respeto y protección de los Derechos Humanos”.

Empero tanto las normas como el manual sobre control de manifestaciones recogen muchos de los estándares previstos en tratados internacionales e incluso señala: “Es importante que los organismos responsables de la seguridad en el país asuman que en entornos como los actuales, en los que se disfruta de un Estado de Derecho y se promueve el ejercicio de las libertades individuales y colectivas, la reivindicación de los derechos sociales y la participación, es previsible que se susciten situaciones de movilización colectiva. Esto no constituye una violación al orden natural de las cosas, esto es parte de la realidad social actual”.

¿Qué ha faltado? “El hecho de tener el Manual es un paso, pero no basta, hay que aplicar esos principios, que no queden en letra muerta. Yo creo que el problema ha estado en la formación y sobre todo en la impunidad, en la falta de castigo a quienes han incurrido en abusos”, respondió el Coordinador de Amnistía Internacional, reseña El Universal en su portal.

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