En 2013 3.000 funcionarios públicos fueron multados por no informarle a la Contraloría General de la República si sus fondos aumentaron en 2012, todo un récord frente a los 45 del período anterior. Y a una semana de que se inicie el proceso para actualizar la Declaración Jurada de Patrimonio la contralora encargada Adelina González avisa que este año realizará otra revisión exhaustiva y por ello exige a los más de 70 mil altos cargos y administradores de fondos o bienes del Estado que cumplan con este requisito y se eviten una sanción.
«Este llamado debe ser acatado desde el Presidente de la República hasta el jefe de un almacén», apunta la funcionaria nada más iniciar el jueves esta entrevista con El Universal, el mismo día en que se conoció la carta que el exministro de Planificación, Jorge Giordani, en la cual denunció sus propuestas para combatir la corrupción fueron desatendidas por el presidente Nicolás Maduro.
La funcionaria no evade pronunciarse sobre la polémica misiva, aunque sí rechaza aclarar si aspirará a un mandato propio en la Contraloría, la cual asumió debido a la muerte de Clodosbaldo Russián en 2011.
-¿La Declaración de Patrimonio ayuda a combatir los delitos contra el erario?
-Sí, porque crea una cultura en el funcionariado público en cuanto a que son privilegiados (…) porque su sueldo depende de los ciudadanos (…) y están sometidos a unas disposiciones legales (…) Esto ayuda a combatir la corrupción, porque si alguien llega hoy a un cargo con 60 millones y tres años después se va con 300 millones es lógico preguntarse cómo pasó eso. ¿Se ganó un premio o una herencia? Es importante que la comunidad sepa mi patrimonio y sí lo puedo justificar. La actualización de la declaración, la cual se puede realizar desde 1 de julio por Internet, permite metodológicamente realizar una auditoría patrimonial.
-El año pasado usted se mostró abierta a publicar cierta información sobre los bienes de los funcionarios, aunque aclaró que eso requería de una reforma a la Ley contra la Corrupción. ¿Cómo marcha ese proceso?
-Soy de la opinión que pudiera darse un primer avance mediante la manifestación voluntaria de cada funcionario a decir su información patrimonial (el monto de lo que posee), por supuesto reservando la información confidencial. Luego se pudiera ir a una segunda etapa en la que se haga público por mandato de la ley su patrimonio, así como su declaración de intereses (dónde trabajó, si es accionista de empresas, etc).
-¿Cuándo podría darse ese primer paso?
-En enero podríamos dejar montada la estructura que va a recoger el monto del patrimonio, la cual tomará la sumatoria de lo que son los activos y los pasivos de los funcionarios (…) La gente tiene que ver que la mayoría de los funcionarios no llegan en alpargatas, sino con algo. Nosotros nos hemos encontrado con funcionarios que son accionistas de diez empresas, lo cual nos ha llamado la atención pero no es potestad de la Contraloría decirle al Ejecutivo que no puede designar esa persona en tal cargo. Sin embargo, cuando haya la declaración de intereses eso tendrá que ser valorado.
-Durante su Presidencia del Consejo Moral se aprobó el Código de Ética del Funcionario Público, el cual recoge el espíritu de esa declaración de intereses, pues prohíbe a funcionarios jubilados actuar en los organismos a los que pertenecieron. Sin embargo, el texto generó críticas. ¿No cree que ellas muestran que esa propuesta no verá la luz?
-No, yo creo que hubo una mala interpretación, pues no se prohíbe el ejercicio de actividades, pero sí donde fuiste autoridad y manejas todos los contactos, pues es una ventaja obscena. Además, cómo vas a litigar contra la institución que te paga la jubilación. Un jubilado está en la nómina de una institución, lo único es que no tiene que trabajar. Estamos en un Estado de Derecho y cualquiera puede opinar y acudir a la vía jurisdiccional a impugnar. Nos someteremos a las decisiones que dicten los tribunales.
-El exministro Giordani publicó una carta donde hace una serie de señalamientos contra el Gobierno, en particular en materia de corrupción. ¿Qué le parecen esas afirmaciones?
-Creo que el profesor Giordani hace una reflexión con tristeza por todo lo que no se pudo hacer en ese mundo, en ese campo. Y a lo mejor no es que no se pueda hacer, sino la oportunidad y el momento en el cual hay que hacer las cosas. Sin embargo, estoy segura de que hay voluntad en el Gobierno para luchar contra la corrupción. Es que tenemos que hacerlo porque si no nos hundimos; si no reaccionamos ante todas estas situaciones que se han puesto de manifiesto la tragedia nos arropará a todos. Lo que pasa es que la corrupción es un delito de astucia. Usted lee las normas y están perfectas, el problema es la vigilancia y el seguimiento; y también de formación en principios, porque no podemos poner a un policía o a un contralor detrás de cada funcionario.
-¿Esta carta es una campanada de alerta?
-Una reflexión con tristeza del profesor, quien es un hombre honesto y creo que actuó de buena fe. Ahora eso no significa que siempre tengamos la razón, pues somos humanos.
-En su último informe vuelven a aparecer problemas en organismos y programas ya auditados por ustedes como Pdval, la importación de alimentos y los consejos comunales. ¿La Contraloría se siente frustrada?
-No, nuestros informes sí son tomados en cuenta y se ha ido creando una cultura de la transparencia, porque cualquier ciudadano tiene acceso a los informes a través de la web, ya eso es un cambio radical comparado con lo que teníamos en el 2000. Usted señala que hemos presentado informes y no se les ha hecho caso. Bueno las actuaciones de control no pueden ser esporádicas ni intermitentes. Hay aspectos delicados que requieren seguimiento. Por ejemplo en el caso de los medicamentos el convenio es bueno, lo que ha fallado son los controles desde el punto de vista de quien suministra, el cual debe asegurarse que los productos tengan 18 meses de vigencia; de quien despacha, porque me tienes que enviar lo que te pido; y de quien recibe, que debe impedir que los medicamentos pasen meses en las aduanas.
-Le pregunto si no se siente frustrada, porque en 2008 denunciaron irregularidades en Pdval y años después ocurrió algo similar con los medicamentos. Obviamente no atendieron sus recomendaciones, o qué pasó.
-No es que no se haga caso, probablemente sí es necesario que en cada organismo tenga una unidad que aplique las recomendaciones que hacemos. Nosotros no enviamos el informe sólo al Parlamento sino a la máxima autoridad y a la unidad de contraloría de cada organismo revisado. Aquí se pone de manifiesto una falla en los órganos de control interno. Los órganos de control interno no están para señalar fallas después de que ocurren sino para prevenirlas.
-¿Qué hace falta?
-Hay fallas desde el punto de vista técnico y también político, por qué no reconocerlo.
-¿Cuáles son esas fallas políticas?
-Dejar pasar algunas cosas porque en ese cargo estaba tal o cual persona. Eso no ayuda. Se ayuda a la República Bolivariana y al proceso de cambios que está viviendo cuando cada quien hace lo que le toca. No podemos olvidar que trabajamos para la República no para tal o cual persona.
-¿Ha recibido presiones por esa postura?
-Presiones no he sentido. Tanto el Gobierno como las autoridades políticas han sido muy respetuosas. Jamás he recibido llamadas para pedirme que deje de hacer algo; si eso fuera así no verían los informes que sacamos. Además no somos presionables, todo lo que conseguimos lo ponemos en los informes.
-¿Hay más corrupción ahora que antes?
-Hay focos de corrupción, pero también hay un despertar de la ciudadanía. Hay una pérdida del temor a denunciar, hay garantías para resguardar al denunciante y hay un sistema de control preparado. Antes salvo determinados políticos nadie más denunciaba corrupción. No creo que haya más corrupción, sino más visualización y ese es un trabajo que con sus bemoles hay que agradecerle a los medios.
Con información del diario El Universal.