Nicolás Maduro designó este lunes 27 de abril a Tareck El Aissami como ministro de Petróleo en calidad de encargado, sin importar las sanciones y acusaciones que pesan sobre el funcionario chavista.
Foto: Noticias24 / Richard Sánchez
En febrero del año 2017, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a El Aissami por presuntamente haber colaborado con narcotraficantes y terroristas del Medio Oriente.
«El Aissami facilitó los envíos de narcóticos desde Venezuela, incluyendo el control de los aviones que salen de una base aérea venezolana, y de las rutas de drogas a través de los puertos de Venezuela», dijo para el momento el Departamento del Tesoro estadounidense.
Además, lo señaló de recibió el pago por la facilitación de envíos de drogas pertenecientes al narcotraficante venezolano Walid Makled García y también está vinculado a la coordinación de envíos de drogas a Los Zetas, el cartel de drogas mexicano.
«En el ejercicio de sus funciones anteriores, en varias ocasiones supervisó envíos de narcóticos de más de 1.000 kilos desde Venezuela, incluso algunos con destino final a México y Estados Unidos, o fue uno de los dueños de esos cargamentos de narcóticos», detalló en un comunicado la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC).
Las sanciones se impusieron bajo la llamada Ley Kingpin, promulgada en diciembre de 1999 para bloquear las actividades de individuos u organizaciones extranjeras sospechosas de estar vinculadas con el narcotráfico.
Sin embargo, dos años después, Estados Unidos anunció cargos criminales contra El Aissami por violar las sanciones impuestas por Washington.
Ante ello, El Aissami fue acusado de cinco cargos por evadir las sanciones y violar la Ley Kingpin luego de utilizar aviones privados provistos por empresas establecidas en Estados Unidos.
«El Aissami y Samark José López Bello supuestamente usaron aviones privados para organizar reuniones privadas alrededor del mundo, incluyendo Turquía y Rusia», especificó el agente especial del Departamento de Seguridad Nacional Angel M. Melendez.
Cada uno de estos cargos puede suponer una pena máxima de 30 años de prisión.
Redacción Maduradas con información del Diario de Las Américas y BBC
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