La familia de Franklin Caldera condenó que el primer teniente cumpla, este martes 25 de abril, 800 días preso por órdenes del régimen de Nicolás Maduro.
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Vale recordar, que Caldera fue uno de los efectivos que desertó el 23 de enero de 2019 en contra de las órdenes de Maduro.
Posteriormente, se pronunció públicamente con otros militares desde la clandestinidad, explicando que conformaban la “Operación Aurora”, una rebelión militar, integrada por un puñado de oficiales, que tenía como objetivo proteger a los indígenas del sur de Venezuela de las amenazas estatales de represión, persecución y minería ilegal.
«En la Audiencia Preliminar se le impuso una defensa pública, por sobre sus abogados de confianza. El juez admitió la acusación por los delitos de Asociación para delinquir, Terrorismo, Sustracción de armas o municiones, Conspiración contra la forma política y fuga», explicó la familia por medio de comunicado.
De hecho, a finales de marzo de este año, Franklin Caldera, padre del primer teniente, denunció ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que su hijo había sido víctima de graves violaciones a sus derechos humanos por parte de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
Se aseguró que su hermana, quien tenía el grado de teniente, también sufrió abusos psicológicos, verbales y físicos. Como secuela de estos episodios de violencia, sufrió al menos tres abortos espontáneos. Mientras que sus padres fueron detenidos por al menos cinco días para presionarlos a revelar el paradero de Caldera cuando se encontraba en clandestinidad.
A principios de 2020, el militar viajó a Norte de Santander (Colombia) para encontrarse con su hijo, pero efectivos de la Dgcim lo detuvieron arbitrariamente.
COMUNICADO DE LA FAMILIA
Mi hijo, el primer teniente, Franklin Caldera, desertó del Ejército venezolano el 13 de enero de 2019, en desacuerdo con las políticas represivas y la arbitrariedad del Estado venezolano.
Al desertar, cruzó la frontera a Colombia. El 23 de enero de 2019, día en el que Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, asumió la presidencia interina de Venezuela, el teniente Caldera participó en un manifiesto público televisado en contra del gobierno de Nicolás Maduro, junto con otros militares.
Luego, se pronunció públicamente con otros militares desde la clandestinidad, explicando que conformaban la “Operación Aurora”, una rebelión militar, integrada por un puñado de oficiales, que tenía como objetivo proteger a los indígenas del sur de Venezuela de las amenazas estatales de represión, persecución y minería ilegal.
El teniente Caldera fue secuestrado por funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Cúcuta, Colombia; alrededor del 11 de febrero de 2021, y trasladado a la base aérea “Generalísimo Francisco de Miranda”, ubicado en La Carlota, Caracas, Venezuela. De ahí, fue llevado a un centro de torturas clandestino del DGCIM.
Sucesivamente, 15 días después de su detención, fue presentado ante un juez. En esa oportunidad, le fue acordada una medida de prisión preventiva. Dicho acto se celebró de manera clandestina, los familiares y abogados del teniente Caldera no tuvieron información de su paradero durante un mes, hasta que finalmente se les permitió visitarlo, estando detenido en la sede de la DGCIM, en Boleíta. Posteriormente, fue trasladado al centro de detención militar “Ramo Verde”.
En la Audiencia Preliminar se le impuso una defensa pública, por sobre sus abogados de confianza. El juez admitió la acusación por los delitos de Asociación para delinquir, Terrorismo, Sustracción de armas o municiones, Conspiración contra la forma política y fuga.
Toda esta situación ha sido ampliamente denunciada ante los organismos nacionales e internacionales por parte de los padres del teniente Caldera, quienes han sufrido varios actos de acoso y hostigamiento por parte de las autoridades venezolanas.
Por último, es dable referir que la causa penal seguida en contra del teniente Franklin Caldera, está en fase de juicio, que cursa en el Juzgado Tercero de Primera Instancia en función de Juicio con Jurisdicción Nacional y competencia en casos vinculados con delitos asociados al terrorismo, del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana en Caracas, en un proceso que ha demorado más de 2 años, superándose el tiempo máximo de prisión preventiva permitido en el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal venezolano; cuyas audiencias han sido diferidas en reiteradas oportunidades.
Es por ello que pido su libertad y la de todos los presos políticos que mantiene el régimen, no callaran mi voz hasta lograrlo.
Redacción Maduradas con información de La Patilla y Tal Cual
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