Un estudio de organismos internacionales divulgado el pasado miércoles, reveló que la mayoría de los migrantes y refugiados venezolanos que viven en América Latina han sido víctimas de desalojos o corren altos riesgos de expulsión de sus viviendas por no poder pagar los alquileres debido a la pandemia.
EFE
El informe señala que «una gran proporción» de venezolanos en Latinoamérica están «en riesgo de desalojo» o ya han sido desalojados de sus hogares, debido a «la imposibilidad de pago de las viviendas y los servicios públicos».
De acuerdo con el estudio, el 39,8% de los venezolanos entrevistados para este documento ya habían sido desalojados, mientras que un 38% considera que está en alto riesgo de ser expulsados forzosamente de sus viviendas.
El informe titulado «Encuesta regional de desalojos de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela» está avalado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La información del estudio proviene de 1.800 entrevistas realizadas a migrantes venezolanos entre octubre y noviembre de 2020 en países como Colombia, Perú, Guyana, Ecuador, Panamá y República Dominicana.
«A toda esta situación compleja hay que sumarle la situación particular de la pandemia. La pandemia tiene un impacto enorme», dijo Julissa Mantilla, de la CIDH, durante la conferencia virtual para presentar el documento.
La comisión interamericana reconoce que «hay violaciones de derechos humanos en la causa de la migración forzada y en la situación de refugiados durante el trayecto en los diferentes países de tránsito y al llegar al país de destino», agregó Mantilla, comisionada y relatora sobre los derechos de las personas migrantes de la CIDH.
El estudio denuncia que la mayoría de migrantes venezolanos viven de alquiler en casas o habitaciones particulares con contratos verbales y sin las «condiciones mínimas» ni las habitaciones suficientes para formar un hogar.
Y si antes de la pandemia ya existían «conflictos» por «falta de oportunidades y medios de vida» de los migrantes para pagar los alquileres, la situación «se agrava» ahora por el desempleo y la crisis sanitaria y social generada por el covid-19, afirma el trabajo.
El documento advierte, además, que los desalojos también se producen por «la discriminación» hacia los venezolanos y avisa que la situación es peor para los migrantes en situación irregular y para las mujeres porque tienen «mayor probabilidad de sufrir violencia y amenazas».
Los Estados «deben tomar nota de esta información» y cumplir con sus «obligaciones primarias» para proteger a los migrantes, alertó Mantilla.
Se estima que más de cinco millones de venezolanos han abandonado su país por la crisis social y económica que atraviesa. La mayoría han emigrado a otras zonas de América Latina y el Caribe.
Información de La Opinión.