El gobierno de Martín Vizcarra no permitió la entrada a Perú de funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, quienes terminaron deportados tres horas después de que arribaran a la capital de ese país, Lima, donde participarían en la Cumbre Judicial Iberoamericana.
Las autoridades peruanas argumentaron momentos antes de deportarlos que la prohibición de entrada a su territorio se debía a una serie de “restricciones de tipo migratorios” que fueron ordenadas por el Ejecutivo de Vizcarra.
Esta decisión se originó después de que la mayoría de los países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), se comprometieran hace unos días a no permitir el acceso a funcionarios o personas que estén vinculadas al oficialismo.
Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Indira Alfonzo y Arcadio Delgado Rosales fueron las personas que se les negó la entrada a Perú este lunes 30 de septiembre.
Ambos son parte de los jueces que están sancionados por Canadá y Estados Unidos. A 12 de ellos solo les revocaron la visa estadounidense; los otros 18 no solo se quedaron sin visa, sino que sus cuentas y propiedades en Estados Unidos, Suiza, Unión Europea, Panamá y Canadá, fueron bloqueadas.
Redacción Maduradas con información de Primer Informe.
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