“Se habla de que hay que tener un permiso para protestar… ¡Aquí está el permiso, la Constitución! ¡Este es un país que tiene libertad para manifestar! ¿Cuál permiso? ¿Para expresar en paz una opinión hace falta un permiso? ¿De quién?”. Así lo dijo el fallecido Hugo Chávez, en la instalación del período de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional, al principio de su Gobierno.
Lo que afirmaba Chávez tenía base en el texto del artículo 68 de la Constitución Nacional, la cual consagra el derecho ciudadano a manifestar, y cuando establece restricciones se las impone no a los manifestantes… ¡Sino a la policía!, al prohibir expresamente el uso de “armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas”.
Lo que hoy dice el “madurismo” sobre el mismo tema es algo muy distinto. Distinto a lo que dice la Constitución y a lo que afirmaba Chávez. De acuerdo a la sentencia emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el pasado jueves 24 de abril, “interpretando” (en realidad, reescribiendo) el ya mencionado artículo 68, “La autorización emanada de la primera autoridad civil de la jurisdicción de acuerdo a los términos de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, constituye un requisito de carácter legal, cuyo incumplimiento limita de forma absoluta el derecho a la manifestación pacífica, impidiendo así la realización de cualquier tipo de reunión o manifestación. Por lo tanto, cualquier concentración, manifestación o reunión pública que no cuente con el aval previo de la autorización por parte de la respectiva autoridad competente para ello, podrá dar lugar a que los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público a los fines de asegurar el derecho al libre tránsito y otros derechos constitucionales (como por ejemplo, el derecho al acceso a un instituto de salud, derecho a la vida e integridad física), actúen dispersando dichas concentraciones…”.
El Gobierno contra la protesta pacífica
Hay que destacar que la limitación impuesta por el madurismo no está dirigida a restringir, impedir o reprimir la protesta violenta, pues específicamente el texto de la sentencia del TSJ se refiere “a limitar en forma absoluta el derecho a la manifestación pacífica”. Queda también muy claro que con esta sentencia el madurismo busca limitar no a los partidos de oposición, a los sindicatos o a los gremios estudiantiles y profesionales, pues cuando estos realizan una manifestación la planifican primero, y en esa planificación incluyen hacer las participaciones (que no “solicitudes de permiso”, pues la ley NO EXIGE que se pida permiso alguno…) respectivas. No, señor: el destinatario real de esta limitante sentencia es el ciudadano de a pie, el pueblo llano, y sobre todo sus sectores más activos, que son los que suelen protagonizar las espontáneas protestas populares que (exigiendo vivienda, agua, luz, empleo, seguridad, etc.) sólo en el año 2013 sumaron un total de 4.410 movilizaciones.
El régimen “deroga” a Chávez para reprimir a los chavistas
Y cuando nos referimos a “los sectores más activos” de las masas populares estamos aludiendo directamente a los sectores de base del PSUV, esos mismos que hoy aclaran con rabia creciente que ellos son “chavistas pero no maduristas”, y que precisamente son quienes han estado al frente de por lo menos la mitad de estas protestas espontáneas que, justamente por serlo, no suelen contar con las “participaciones” y “permisos” que ahora la justicia madurista considera “indispensables” para poder protestar. Dicho de manera clara y directa: Ante el creciente malestar popular por el paquetazo económico en pleno desarrollo, ante la indignación del pueblo porque (gracias a las devaluaciones de Maduro) hoy el dinero no alcanza ante el alza de los precios, ante el aumento del pasaje y ante la escasez crónica que el mismo Gobierno ha permitido y promovido, el madurismo quiere “curarse en salud”, pretendiendo “prohibir” las protestas populares incluso antes que se produzcan. Con esta sentencia en la mano, Maduro busca tener luz verde para reprimir al pueblo en general y al pueblo chavista en particular, para seguir ejerciendo el poder de espaldas a la realidad de la gente, satisfaciendo únicamente a los boliburgueses, a los grandes negociantes, a los comisionistas, a los capos del saqueo y a sus testaferros de las empresas de maletín, los mismos que con CADIVI se robaron 25 mil millones de dólares, y que hoy siguen haciendo lo único que saben hacer, aquello que la impunidad les permite.
Fuente: Chuo Torrealba / diariolavoz.net