El pasado mes de mayo se dio el veredicto del caso contra un proxeneta de Países bajos, después de que agentes de la División de Identificación de Extranjeros y Trata de Personas efectuaran una inspección administrativa en una propiedad ubicada en la ciudad de Almelo, donde se sospechaban que operaba una red de prostitución.
AFP
Aunque en los Países bajos la prostitución o consumo de drogas no está prohibido, sí se encuentran sometidas a regulaciones. Eso facilita al Estado conseguir rentas por tales actividades y, al mismo tiempo, supervisar el cumplimiento de las normas exigidas.
En el inmueble en Almelo, las autoridades verificaron si el sitio contaba con el permiso requerido, como no lo hallaron, se abrió una investigación penal contra dos holandeses acusados de orquestar una red de prostitución ilegal, explotación sexual, tráfico de inmigrantes y trata de personas.
Durante la investigación, que se extendió por varios meses, los testimonios de las mujeres que vendían sus cuerpos en esa propiedad fueron fundamental. Tres de ellas son venezolanas, dos colombianas y una ecuatoriana.
El proxeneta, un hombre de 39 años de edad, tenía debilidad por las latinoamericanas y la información sobre él circulaba “de boca en boca” y por varios países europeos, asegura una de las testigos.
“Yo trabajo 50/50 y pago todos mis porcentajes, por ejemplo, el alquiler de las casas, los sitios, los operadores, los choferes, la seguridad, los condones, los lubricantes, todo lo que necesites. No pagas nada”, prometía el proxeneta a quienes manifestaban su interés de unirse a su organización.
Entre las tarifas del “negocio”, indicó que el mínimo era 80 euros por 45 minutos. También había “servicios adicionales”, como sexo oral o anal, por los que el cliente pagaba bonos que podían llegar hasta los 50 euros. El horario era totalmente nocturno, las mujeres trabajaban desde las 5pm hasta las 7 am. En un día “malo”, cada mujer podía tener cuatro sesiones de sexo.
Las pocas veces que salían por sus largas jornadas de trabajo, las mujeres necesitaban explican bien al jefe de la red a dónde se dirigían y con quiénes estarían.
Una de las venezolanas, de 22 años de edad, que testificó en contra de él, migró primero a España, después a Grecia y Rumanía, siempre ejerciendo el mismo oficio. Después de contactar al coordinador de la red, trató de ingresar a Países Bajos por el aeropuerto de Schiphol, pero fue detenida porque no tenía visa. Durante el proceso, solicitó asilo y fue buscada por el proxeneta tras quedar en libertad mientras se realizaban los trámites administrativos.
Apenas llegaron a la casa de Almelo, el proxeneta sintió que podía valerse de su condición vulnerable. “Siempre que podía humillarme, lo hacía. En un momento quise irme, pero no pude. No tenía dinero ni adónde ir. Recibí dinero de la Migración como compensación por los 17 días que estuve detenida. Con ese dinero alquilé una habitación en Emmen y me llevé todas mis cosas. Había pagado el alquiler con ese dinero y no tenía para comer. Me vi obligada a contactarlo de nuevo (…) El 17 de diciembre (2020), me hizo trabajar en la prostitución”, contó.
Asimismo, reveló que le proporcionaba cocaína. Cuando discutían, él le recordaba que en cualquier momento podía entregarla a las autoridades, pues ella era una inmigrante ilegal.
El hombre fue condenado en total a 44 meses de cárcel. A la venezolana, que se consideró más agraviada, el tribunal admitió una petición de indemnización por más de 37.000 euros.
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Redacción Maduradas con información de Crímenes Sin Castigo.
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