El Tribunal Superior de Curazao ordenó el viernes 16 de julio cerrar los albergues penitenciarios para refugiados al declarar este régimen de detención que enfrentan migrantes de Venezuela una violación de la Convención Europea de Derechos Humanos.
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Como resultado del fallo, esta isla caribeña, un estado constituyente del Reino de los Países Bajos, nueve ciudadanos venezolanos alojados en una prisión han sido liberados de inmediato, según los medios locales.
Debido a que el cuartel de inmigración, al que Países Bajos ha aportado millones de euros para su mejora, aún no está listo, los venezolanos fueron ubicados en una sección de la prisión principal en Koraal Specht.
Las autoridades de Curazao decidieron trasladar a todos los presos comunes del bloque 1 a otro lugar y designar esa zona como un lugar de detención para los ciudadanos extranjeros sin documentos de residencia, incluso los solicitantes de asilo.
Durante una visita a la cárcel, un juez determinó que los venezolanos estaban recluidos bajo un régimen aún más estricto que los presos que habían sido condenados penalmente.
La isla no cuenta con un procedimiento de asilo reconocido internacionalmente, pero los venezolanos pueden invocar la Convención Europea de Derechos Humanos.
Se calcula que en Curazao, una isla caribeña próxima a Venezuela, viven en situación migratoria irregular 17.000 venezolanos.
Amnistía Internacional denunció en un informe el pasado octubre que las autoridades de Curazao y de Países Bajos violaron los derechos de personas venezolanas que buscan protección internacional en la isla.
A raíz de este informe, una delegación de AI viajó a la isla pero el gobierno de Curazao rechazó recibir a sus representantes y les prohibió visitar los cuarteles donde estaban detenidos migrantes venezolanos.
EFE
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