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TSJ controlado por el régimen declara constitucionalidad de Ley de Zonas Económicas Especiales

El pasado miércoles 6 de julio, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) controlado por el régimen de Nicolás Maduro, declaró la constitucionalidad del carácter orgánico de la Ley de Zonas Económicas Especiales, sancionada por la ilegítima Asamblea Nacional (AN) con mayoría del chavismo el pasado 30 de junio.

Prensa Tribunal Supremo de Justicia

La sentencia 250 fue realizada con ponencia de la presidenta del TSJ, Gladys Gutiérrez de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la Constitución, en concordancia con el artículo 25, numeral 14, de la Ley Orgánica del máximo juzgado del país.

Tras analizar el texto de la normativa legal remitida por la AN de 2020, la Sala Constitucional determinó que la Ley de Zonas Económicas Especiales tiene relación jurídica por diferentes factores.

«Tiene un objeto multifactorial (espacial o geográfico, económico y fiscal, entre otros), en función directa e indirecta de valores, principios, normas, derechos y garantías de rango constitucional, soberanía (modelo económico soberano), sistema socio-productivo, economía nacional, justicia social, medioambiente, entre otros».

De igual forma, la Sala conviene que la ley desarrolle los mecanismos para garantizar la reserva del Estado en el uso de la política comercial para defender las actividades económicas de las empresas nacionales públicas y privadas.

Según la sala del TSJ con esta ley no se establecen ventajas o regímenes más beneficiosos a personas, empresas u organismos de capital extranjero que los establecidos para los nacionales, indicando que con ello se garantiza la inversión extranjera.

La mayoría del chavismo con el apoyo de la oposición moderada, en el Parlamento de 277 diputados, asegura que el instrumento legal atraerá la inversión privada nacional y extranjera en áreas como la producción agroalimentaria primaria, agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola, logística, servicios turísticos, tecnología militar, financieros, entre otros, en ámbitos geográficos delimitados, mediante incentivos fiscales.

Sentencia completa del TSJ

Redacción Maduradas

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