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TSJ en el exilio contrató a bufete de abogados para hablar con funcionarios estadounidenses sobre los efectos de las sanciones: facturará $1,156 por hora

Un grupo de jueces venezolanos, conocidos como el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, alineados con el líder de la oposición venezolana Juan Guaidó, contrató al bufete de abogados Bryan Cave Leighton Paisner para hablar con funcionarios estadounidenses sobre los efectos de las sanciones de Estados Unidos.

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La firma reveló su trabajo en una presentación ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Dijo que anteriormente ofreció asesoramiento legal a los jueces, pero su trabajo para las figuras extranjeras ahora se está extendiendo a la actividad política, que debe divulgarse en virtud de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros de Estados Unidos.

El bufete de abogados con sede en Estados Unidos y el Reino Unido hablará con las autoridades del gobierno de Joe Biden sobre la política de sanciones vinculada al grupo de jueces exiliados, así como sobre las «cuentas puestas a disposición del gobierno encabezado por Guaidó», dijo.

El socio Pedro Martínez-Fraga firma la divulgación.

Bryan Cave Leighton Paisner dijo en la presentación que está cobrando al grupo el 80% de sus tarifas regulares. Martínez-Fraga, que tiene su base en Miami y Nueva York, tiene la tarifa más alta del equipo legal, según los periódicos, y facturará $1,156 por hora. A él se unen el socio gerente de la firma en Miami, C. Ryan Reetz, y los cabilderos David Russell y Russ Carnahan.

Los funcionarios estadounidenses han impuesto varias rondas de sanciones contra Venezuela, citando presuntos abusos contra los derechos humanos y el régimen «ilegítimo» de Nicolás Maduro. En 2019, el entonces presidente Donald Trump ordenó congelar los activos del régimen de Maduro dentro de Estados Unidos.

Funcionarios estadounidenses y venezolanos se reunieron en marzo para discutir la posibilidad de aliviar las sanciones petroleras, pero avanzaron poco para llegar a un acuerdo, informó Reuters.

Los jueces huyeron de Venezuela en 2017 después de que la Asamblea Nacional controlada por la oposición los nombrara para un Tribunal Supremo de Justicia alternativo. Los líderes de la oposición afirmaron que la actual Corte está llena ilegalmente de partidarios de Maduro.

La corte en el exilio en 2018 llevó a cabo un juicio simbólico de Maduro en Bogotá, Colombia, y lo declaró culpable de cargos de lavado de dinero y corrupción, según informes de prensa.

Reuters

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