El audio de Mario Silva destapó la olla de la corrupción que salpicó a más de uno y no han logrado volver a taparla. Aunque en el Gobierno pretendieron desestimar las denuncias que allí se ventilan, más allá del debate sobre la autenticidad de la grabación -que no ha podido ser objetada-, la procesión va por dentro y a Nicolás Maduro no le quedó más remedio que emprender una lucha contra la corrupción que amenaza con “tragarse” su gobierno, según sus propias palabras.Nadie olvida el caso de Antonini Wilson y los 800 mil dólares decomisados en Argentina, las más de 120 mil toneladas de alimentos de PDVAL que se pudrieron y con los que se desaparecieron dos mil 200 millones de dólares, los 540 millones de dólares del fondo de pensionados de PDVSA que se perdieron en manos del empresario Francisco Illaramendi, el caso del Complejo Agroindustrial Azucarero Ezequiel Zamora, que supuso un daño patrimonial de 3,3 millardos de bolívares, y las vinculaciones de funcionarios del Gobierno con el narcotraficante Walid Makled. Si no fuera por que Maduro se hace llamar el “hijo de Chávez”, bien podría haberse lavado las manos y culpar al gobierno anterior.
Para no hacer tan larga la lista, basta con señalar los casos que han salido a la luz pública durante la administración de Nicolás Maduro. Desde la vicepresidenta del Banco de Desarrollo Social (Bandes) hasta el jefe del Seniat en La Guaira y tres directivos del Indepabis han caído en manos de las autoridades, pero para atacar realmente la corrupción habría que ir mucho más allá. “Si atacaran realmente la corrupción no quedaría nadie en el Gobierno”, dijo al respecto el líder opositor Henrique Capriles Radonski.
Corrupción en casa
Pero Nicolás Maduro no estaría libre de pecado para lanzar la primera piedra. Entre esos dos mil 800 casos que están engavetados en la Fiscalía se encuentra una denuncia contra el hoy Presidente agarrando polvo desde hace siete años, en la que se pide una investigación por un contrato efectuado por él en 2005, cuando era presidente de la Asamblea Nacional, con la inmobiliaria Triani para arrendar el edificio Pas de Calais, ubicado en el centro de Caracas, sin justificación alguna. El contrato estuvo vigente desde el 20 de abril hasta el 31 de diciembre de 2005 y, aunque el edificio nunca se ocupó, el contrato fue pagado íntegramente.
No pueden pasarse por alto las múltiples acusaciones por nepotismo contra Cilia Flores, su “compañera de vida”, quien heredó además la presidencia del Parlamento cuando Maduro fue designado canciller y en cuyo cargo estuvo por casi cinco años. De igual manera, Walter Gavidia Flores, hijastro del presidente, fue “enchunfado” en el Poder Judicial como juez titular cuando apenas tenía 27 años, y ni hablar de Temir Porras, quien fuera mano derecha de Maduro como vicecanciller, que cuando Rocío Maneiro, exembajadora de Venezuela en China, pidió que lo investigaran por la pérdida de cuatro millones de euros, la diplomática fue destituida por Maduro y Porras fue nombrado presidente del Bandes.
Las acusaciones contra Diosdado Cabello también desbordan los archivos de la Fiscalía y la Comisión de Contraloría de la AN, pero en aras de la unidad, seguramente ninguna será investigada. Sin embargo, esta lucha contra la corrupción podría ir dirigida contra las fichas de Cabello porque ya está demostrado que los presuntos corruptos del círculo de Maduro son intocables.