El gobierno de Uruguay, liderado por el presidente Luis Lacalle Pou, ha decidido unirse a la denuncia presentada ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Yuri Cortéz / AFP – Mariana Greif / Reuters
Esta decisión se alinea con la propuesta planteada en el Parlamento uruguayo el pasado 14 de agosto, y sigue los pasos de otros países como Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, que iniciaron esta acción en 2018.
El senador Javier García, uno de los principales impulsores de esta medida, destacó que Uruguay aportará nuevos hechos y pruebas sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas en Venezuela desde 2020.
Entre las acusaciones se incluyen ejecuciones, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias de opositores políticos. García subrayó que esta acción es un paso necesario para que Maduro responda por sus crímenes ante la justicia internacional.
La decisión del gobierno uruguayo ha generado un intenso debate político en el país. Mientras algunos sectores aplauden la medida como un acto de justicia y solidaridad con el pueblo venezolano, otros critican la postura del gobierno, argumentando que podría tener repercusiones diplomáticas y económicas.
El candidato presidencial del Frente Amplio, Yamandú Orsi, expresó su escepticismo y sugirió que la denuncia podría ser más simbólica que efectiva.
En el contexto internacional, la adhesión de Uruguay a la denuncia contra Maduro refuerza la presión sobre el régimen venezolano y subraya la preocupación global por la situación de derechos humanos en el país.
Maduro deberá responder por sus crímenes. Uruguay adherirá a denuncia internacional contra Maduro por crímenes de lesa humanidad. https://t.co/OepX8hsFaJ
— Javier García (@JavierGarcia_Uy) September 2, 2024
Redacción Maduradas
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