Senadores estadounidenses abogaron este martes a favor de sancionar a más funcionarios venezolanos involucrados en violaciones a los derechos humanos, argumentando que el régimen “dictatorial” que representan está involucrado en el narcotráfico y ha salido a reprimir salvajemente a la sociedad civil.
En una audiencia realizada en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, los legisladores advirtieron que la economía del país sudamericano está en vías de colapsar debido al manejo corrupto de su gobierno y que el régimen de Maduro en vez de aplicar correctivos, está centrando sus esfuerzos en incrementar la represión contra toda forma de disidencia, reseñó El Nuevo Herald.
Pese a calificar las sanciones ya introducidas contra siete funcionarios del régimen como un “buen primer paso”, el senador demócrata por Nueva Jersey, Bob Menéndez, solicitó formalmente ante los representantes del Departamento de Estado presentes en la audiencia que la lista de sanciones sea ampliada.
“La ley de sanciones deja a muchos otros funcionarios venezolanos elegibles, dado su complicidad con las violaciones a los derechos humanos, ciertamente muchos más que los siete que han sido nombrados”, dijo Menéndez, quien conjuntamente con el senador republicano por Florida, Marco Rubio, jugó un papel protagónico en conseguir la aprobación de la legislación.
“Yo y otros integrantes solicitamos específicamente la inclusión del ministro de Defensa Vladimir Padrino López a la lista de sanciones, dado su papel en la autorización a hacer uso de fuerza letal contra ciudadanos desarmados”, manifestó.
El ministro de Defensa, visto como uno de los hombres de mayor confianza de Maduro dentro del sector militar, emitió recientemente una orden que permitía a funcionarios del orden público a utilizar armas de fuego contra manifestantes pacíficos.
A los pocos días de que esa orden fue emitida, un niño de 14 años fue asesinado por un agente del régimen, quien le disparó en la cabeza.
Los legisladores salieron en defensa de la aplicación de las sanciones, argumentando que no buscan castigar al pueblo, o incluso al gobierno venezolano, sino a aquellos funcionarios que violaron los derechos humanos durante las manifestaciones estudiantiles del año pasado, en una ola represiva que dejó más de 40 muertos y al menos 850 heridos.
La aplicación de la ley ha sido ampliamente criticada por el régimen, especialmente por la designación de Venezuela como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Algunos críticos de la medida consideran que ese lenguaje es exagerado.
Pero Menéndez dijo durante la audiencia que ese no es el caso, dado a la activa participación de altos funcionarios del régimen bolivariano con las operaciones de narcotráfico.
“¿Dónde terminan las drogas? Terminan en nuestras ciudades, creando adicción en nuestra juventud. Eso en sí mismo es una amenaza para nuestra seguridad nacional”, enfatizó el senador.
Rubio, quien presidió la audiencia, advirtió que el régimen bolivariano no solo debe ser monitoreado por sus vínculos con el narcotráfico y las nuevas evidencias de que ha estado utilizando a la estatal Petróleos de Venezuela para lavar fondos ilícitos, sino también ante la inclinación de Maduro de utilizar la represión y la violencia para contener el creciente descontento.
El que Maduro se haya vuelto impopular se debe al gradual colapso que registra la economía venezolana, cuyas causas Rubio atribuyó directamente a las acciones del régimen bolivariano.
“Han sido la incompetencia de Nicolás Maduro y de su predecesor [Hugo] Chávez que han dejado a Venezuela en la situación en que se encuentra hoy en día”, dijo el senador republicano.
“Pero en vez de buscar soluciones a estos problemas la respuesta de Maduro ha sido la represión de la disidencia, desmantelar la democracia y, violentamente, violar los derechos humanos de su propio pueblo”, enfatizó.
El senador presentó una larga lista de los ilegales y arbitrarios pasos que el régimen ha tomado en los últimos meses para consolidar su poder, incluyendo la compra de medios de comunicación, y el encarcelamiento de dirigentes de la oposición, haciendo uso del sistema judicial como arma de persecución política.
Rubio también hizo mención de la destitución inconstitucional de la Asamblea Nacional de la diputada opositora María Corina Machado de mano del presidente de ese cuerpo legislativo, Diosdado Cabello, a quien calificó como “el hombre más corrupto de Venezuela, y eso es mucho decir”.
Por su parte, los representantes del Departamento de Estado presentes en la audiencia dijeron que la administración de Barack Obama está monitoreando cuidadosamente los acontecimientos en Venezuela y dijeron que el presidente dará al tema venezolano prioridad cuando se reúna con sus homólogos latinoamericanos en la Cumbre de las Américas.
El Departamento de Estado le está prestando especial atención a los preparativos de las elecciones parlamentarias previstas para la segunda mitad del año en Venezuela y desea solicitarles a los países de la región que participen en un proceso de monitoreo que se ajuste a las normas internacionales.
“Las elecciones de la Asamblea Nacional de este año -explicó- representan una oportunidad para los venezolanos de participar en un discurso legítimo y democrático”, dijo Alex Lee, subsecretario adjunto para América Latina del Departamento de Estado.
“Unos resultados creíbles de las elecciones podrían reducir las tensiones en Venezuela. Hemos instado a los socios regionales a alentar a Venezuela a aceptar una misión de observación electoral internacional sólida”, señaló.