Un aliado del régimen de Nicolás Maduro acordó gastar $ 12.5 millones para contratar a un abogado y lobista de Washington para aliviar las sanciones de Estados Unidos y ayudar a restablecer las relaciones bilaterales a medida que la campaña respaldada por Estados Unidos para derrocar a los líderes socialistas.
Reuters
El principal abogado del régimen de Maduro, el inspector general Reinaldo Muñoz, contrató a Robert Stryk, cuyo negocio ha crecido repentinamente desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo, como parte de un contrato más amplio que firmó con Foley & Lardner, una firma de abogados con oficinas en Washington.
Tanto el bufete de abogados como Stryk’s Sonoran Policy Group se registraron como agentes de Muñoz en documentos separados con el Departamento de Justicia que se publicaron en el sitio web de la agencia.
Su trabajo incluye “desarrollar una estrategia para acercarse al Gobierno de los EE UU En apoyo de la exclusión del Principal extranjero u otras partes sujetas a sanciones económicas de los EEUU debido a sus conexiones con la República”, según la presentación de Foley, que a su vez está pagando $ 2 millones contratar a Stryk como consultor.
El alcance se produce cuando el apoyo de Estados Unidos al líder opositor Juan Guaidó, a quien reconoce como el presidente legítimo de Venezuela, ha sido criticado.
Un año después de la campaña respaldada por Estados Unidos para expulsar a Maduro, el líder socialista ha rechazado con éxito un intento de golpe de estado, protestas masivas y castigando las sanciones de Estados Unidos que han cortado el acceso de su gobierno a los bancos occidentales.
Envalentonado por las dificultades de Guaidó, Maduro busca reafirmarse en Washington. Este mes, le dijo al Washington Post que quiere comprometerse directamente con la administración Trump para poner fin a un estancamiento que ha empeorado las condiciones de vida en la nación de la OPEP de 30 millones de personas.
Stryk, enólogo y ex ayudante republicano que se postuló sin éxito a la alcaldía de Yountville, California, es uno de los principales lobistas en el Washington de Trump.
Ex asesor de campaña de Trump no remunerado en la costa oeste, fundó Sonoran Policy Group. La empresa no informó de cabildeo entre 2013 y 2016, pero ha facturado más de $ 10.5 millones a clientes extranjeros desde principios de 2017.
Al igual que Venezuela, muchos de los clientes tienen malas reputación en Washington o están bajo sanciones estadounidenses, como los gobiernos de Somalia, la República Democrática del Congo y el Ministerio del Interior de Arabia Saudita, que firmaron un contrato de $ 5.4 millones en mayo de 2017.
También representa a Isabel dos Santos, la mujer más rica de África, plagada de escándalos, que lucha contra las acusaciones de que acumuló una gran riqueza a través de préstamos estatales negociados por su padre, el ex presidente de Angola.
Estados Unidos fue el primero de casi 60 países en reconocer a Guaidó como el líder legítimo de Venezuela después de usar su posición como jefe del Congreso para juramentarse como presidente interino luego de la cuestionada reelección de Maduro en 2018.
Estados Unidos ha insistido durante mucho tiempo en que cualquier negociación con Maduro se centrará en los términos de su salida y el año pasado rechazó las conversaciones patrocinadas por Noruega con la oposición como una pérdida de tiempo que solo fortalecería la mano de Maduro.
Pero este mes, el Secretario de Estado Mike Pompeo parecía menos hostil a la idea de las conversaciones, diciendo que un acuerdo negociado era el mejor camino a seguir.
Muñoz es uno de los pocos principales asesores de Maduro que hasta ahora no ha sido sancionado por la administración Trump por violaciones de derechos humanos.
Guaidó abandonó Venezuela hace poco más de una semana por segunda vez desde que fue elegido jefe del Congreso para embarcarse en una gira de construcción de apoyo por Europa y Canadá. Comenzó con una reunión con Pompeo en Bogotá, la capital colombiana.
“Si Trump no se reúne con él en Washington, será una clara indicación de que el gobierno de Estados Unidos ha perdido la fe en la idea de que la presión máxima conducirá a una transición”, dijo David Smilde, del grupo de expertos de la Oficina de Washington para América Latina. “Incluso si se encuentran, parece claro que la administración Trump está abierta a alternativas”.
El contrato con Foley, por una tarifa plana de $ 12.5 millones, se extiende hasta el 10 de mayo. La participación de Stryk en el acuerdo, como consultor, es de $ 2 millones.
Foley dijo en su presentación que recibió un poco más de $ 3 millones en pagos iniciales en nombre de Muñoz de lo que parecen ser dos compañías registradas en Hong Kong.
Redacción Maduradas con información de AP
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