En Venezuela no cesan las malas noticias, aquellas que exponen lo peor del ser humano, su vileza y falta de escrúpulos. En medio de una sociedad descompuesta, estas historias son peores cuando involucran a uniformados, porque, precisamente por la investidura que tienen, son ellos los llamados a socorrer a los ciudadanos.
Foto: AP.
El periodista Darvinson Rojas reseñó para El Pitazo que un comerciante fue víctima de robo y abuso sexual por parte de unos funcionarios policiales a los que él había recurrido en busca de una dirección. El hecho ocurrió el 15 de diciembre.
Cuenta el reportero que el hombre llegó al Terminal de La Bandera y necesitaba ir a una entidad bancaria, pero, como no conocía la dirección exacta, decidió preguntarles a unos efectivos de la Policía Nacional Bolivariana. Estos, en lugar de orientarlo y sin justificación, lo detuvieron y luego le robaron varias pertenencias, entre las que se contaban 150 mil bolívares.
Lo llevaron al comando de Tránsito Terrestre de El Valle, donde fue violado. Posteriormente, lo dejaron en libertad, y sin sus documentos personales, en el edificio por donde transitan los viajeros que van al occidente del país. El comerciante se presentó ante el Ministerio Público para denunciar el hecho ocurrido.
Los fiscales 85° nacional y 83ª del Área Metropolitana de Caracas (AMC), José Martínez y Yuleidy Pérez, fueron los encargados de coordinar las investigaciones correspondientes, que condujeron a la captura de los oficiales Jorge Solórzano Camacho y Yohan Granadillo Cabrera, que fueron presentados en tribunales.
A Solórzano Camacho se le acusó por los delitos de robo agravado, asociación para delinquir, uso indebido de arma orgánica (de reglamento), trato cruel y privación ilegítima de libertad, todos ejecutados con abuso a la autoridad. Al oficial agregado Yohan Granadillo Cabrera se les atribuyeron los mismos delitos, con el agregado de ser instigador en la violación.
El juez del Tribunal 29° de Control del AMC, que lleva el caso, ordenó para ambos reclusión en el Centro Penitenciario Rodeo III del estado Miranda, luego de evaluar los elementos presentados como pruebas por los representantes del Ministerio Público.
Con información de El Pitazo
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