La Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, al referirse a los correos interceptados por el Sebin y mostrados por el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, en los que presuntamente están involucrados dirigentes opositores en planes de magnicidio, reconoció que el Código Orgánico Procesal Penal, en su artículo 286, habla de la reserva de las actuaciones. Sin embargo, aclaró: “No se podía pasar inadvertido un hecho que podría atentar contra la estabilidad y la paz del país”.
Resaltó que si bien es cierto que no fue el Ministerio Público el que tuvo acceso de primera mano a los elementos que pudiesen constituir pruebas, “creo que estamos frente a un problema de seguridad de Estado”. Señaló que si de las diligencias que se están adelantando surgen elementos que pudiesen comprometer a algunas personas, eso lo arrojará la investigación. Advirtió que no se descarta la posibilidad de imputación, de citar a las personas para ser entrevistadas o para que traigan al MP datos e instrumentos que sirvan a la investigación. “Incluso solicitar privativas de libertad y prohibiciones de salidas del país”, agregó.
“Es un problema grave y tiene que ver con la estabilidad del Estado venezolano, de las instituciones y con la vida de la máxima autoridad de este país, el presidente de la República”, insistió, de acuerdo al portal de Su Noticiero.
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