Aunque el Gobierno nacional sostiene que el modelo económico y productivo «socialista» que ha desarrollado en los últimos años es exitoso, en materia alimentaria son escasos los logros que hasta ahora se pueden exhibir. Desde 2004, el Gobierno nacional ha tejido una enorme infraestructura agrícola e industrial que poco aporta al mercado nacional.
A los ministerios de Alimentación y Agricultura están adscritas más de 122 agroindustrias para la producción de alimentos; 59 silos; más de 22 mil puntos de comercialización en el país, y casi siete millones de hectáreas agrícolas. Pero la producción de estas industrias, cuya infraestructura tiene capacidad para producir al menos 40% de la demanda de alimentos del país, es poco notable en el mercado.
De acuerdo con los datos presentados en la Memoria y Cuenta del Ministerio de Alimentación en 2013, la producción de las empresas del Estado estuvo en el orden de 550 mil toneladas, mientras que la distribución osciló en torno a las 450 mil toneladas aproximadamente. Solo el consumo anual de la red Mercal, tomando en cuenta la meta de 140 mil toneladas al mes, suma 1 millón 680 mil toneladas al año.
La producción de harina precocida de maíz -cuyas cifras no aparecen en los resultados de gestión en la Memoria y Cuenta- es deficitaria, y en las redes del Estado, donde se distribuyen, tiene poca presencia, reseñó el portal del diario El Universal.
El Ministerio de Agricultura y Tierras no ha logrado detallar cuánto es la producción de las tierras que han sido expropiadas desde 2004; ni cuánto aportan al mercado los modelos socialistas como los fundos Zamoranos.
El Gobierno nacional es consciente de la baja producción en las empresas del Estado. Es por ello que este año han exhortado a los funcionarios del Gobierno a revisar el modelo productivo con el objetivo de hacerlas más eficientes y productivas. El vicepresidente del Área Económica, Rafael Ramírez, en el taller «Máxima Eficiencia Socialista» realizado en febrero, reconoció la baja productividad de las industrias y agregó que en la construcción del nuevo orden económico socialista las empresas públicas de alimentos «tienen un rol fundamental», por lo que «tienen que ser capaces de producir los bienes que necesitamos».
Ante los altos niveles de inflación y escasez que registra el país desde el año pasado, la presión por estabilizar el abastecimiento ha recaído sobre el sector privado, sin considerar que las empresas públicas son igual de responsables. Según datos oficiales, el Gobierno atiende las necesidades alimentarias de 64% de la población.
La importación de alimentos y materias primas, a través de CASA creció 51,4% en 2013. En contraposición, la producción de las empresas socialistas estuvo afectada por escasez de insumos, materiales y equipos; déficit de financiamiento; exceso de personal en nómina; conflictividad laboral y, en algunos casos, corrupción.
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