Una denuncia anónima formulada ante la Dirección de Contrainteligencia Militar fue el punto de partida para la instrucción del expediente sobre supuestas irregularidades en la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), así lo reseña Braulio Jatar Alonso, director del diario Reporte Confidencial.
El informante, según documentos en poder de Reporte Confidencial, acudió al despacho militar el 16 de julio de 2013, e hizo una deposición de once páginas para explicar lo que a su juicio eran los focos de corrupción en el despacho encargado de manejar toda la política de otorgamiento de divisas desde que Hugo Chávez instauró el control de cambios, en febrero de 2003.
Cabe destacar que de acuerdo con el exministro de Planificación Jorge Giordani tales irregularidades ocasionaron la fuga de por lo menos veinte millardos de dólares de las arcas nacionales.
La persona que dio origen a la investigación militar sobre las irregularidades en Cadivi fue identificada por el Ministerio Público como el coronel del Ejército Víctor Flores Correa, quien para esa fecha se desempeñaba como vicepresidente de Administración y Control de Divisas. Ocupó esa posición durante parte de la gestión del capitán retirado Manuel Barroso y su reemplazo Eudomar Tovar.
Por este caso hay hasta el momento dos personas detenidas: el teniente coronel del Ejército Francisco Mariano Navas Lugo y su primo José Daniel Stekman. En su denuncia Flores Correa afirmó que su inmediato subalterno, gerente de Importaciones de Cadivi, supuestamente devengaba dos bolívares por cada dólar preferencial que otorgaba a los empresarios que traían los distintos bienes al país.
Flores recordó que en diciembre de 2012 había acudido por a Contrainteligencia Militar para consignar una primera denuncia. No obstante, el despacho dirigido en ese momento por el mayor general Hugo Carvajal no consignó esa documentación en el expediente ni comenzó averiguación alguna. Fue necesario esperar otros seis meses para que se iniciaran las diligencias en ese despacho militar.
“Hice llegar a un funcionario de apellido Polanco, que trabajaba con el director de DGCIM, un resumen de información para que fuese confirmada por este organismo de inteligencia, ya que no tenía las pruebas con respecto al ruido que se estaba generando para ese momento en la Gerencia de Importaciones sobre supuestos cobros a empresas para que les liquidaran las divisas”, afirmó Flores.
Focos de corrupción
Según Flores, las divisas de las que dispone el país se distribuyen a grandes rasgos de la siguiente forma: el 20% va destinado al uso por particulares en pagos de viajes, operaciones de comercio electrónico y consumos con tarjetas de crédito en el exterior. El 80% restante va al pago de las importaciones que requiere el país. Entonces, en este sector se concentra la mayor tajada de corrupción.
En el sistema instaurado durante la era Cadivi, la mayor cantidad de irregularidades en el traslado al país de bienes fabricados en el extranjero la llevaban a cabo funcionarios adscritos a las gerencias de Importaciones; Recepción de Solicitudes y Registros (RUSAD) y Verificación Aduanal.
Flores afirmó que se detectó la existencia de un conjunto de empresas sin tradición, es decir, de muy reciente creación, que en su criterio fueron estructuradas para beneficiarse con el otorgamiento de dólares preferenciales.
Para que esas empresas obtuviesen los dólares preferenciales era necesario que cumpliesen con diversos requisitos, entre ellos la constatación in situ de su existencia por parte de inspectores del órgano de administración cambiaria. Esa diligencia debía quedar documentada en un acta con fotografías de las instalaciones de la compañía inspeccionada.
Según la explicación de Flores, la corrupción en Cadivi llegaba al punto de que los inspectores del organismo levantaban actas avalando la existencia de empresas sin sede física, o con direcciones inexistentes. Las fotografías que se anexaban correspondían a otras instalaciones.
Cadivi ordenó una re inspección de algunas empresas, y la orden según Flores fue incumplida por sus subalternos. Esto ocasionó roces y despidos de personal.
“Quiero acotar que los expedientes no tenían una revisión exhaustiva de parte de la gerencia que le garantizara transparencia en la emisión del RUSAD”, afirmó.
Muebles por clavos…de olor
Otro foco de corrupción estaba en la etapa de verificación aduanera. El personal de este despacho generalmente estaba en los puertos del país para constatar que las divisas otorgadas por el organismo cambiario habían sido usadas precisamente para la importación de los bienes autorizados en cada transacción, en los montos autorizados para cada operación.
Las cosas, sin embargo, no eran así. Las irregularidades según Flores iban desde la sobrefacturación de los bienes importados hasta la traída de mercancías distintas a las señaladas en los documentos, o en condiciones que no fueron las pautadas para esa transacción.
Flores recordó que una empresa registrada en el estado Lara obtuvo divisas para la importación a país de 250 toneladas métricas de clavos de olor. Para ello fue aprobado el otorgamiento de 3,55 millones de dólares.
“Al ser verificada la mercancía en la aduana el 24 de noviembre de 2012 se pudo constatar que lo que había sido importado era mueblería”, indicó.
La irregularidad fue detectada por un grupo especial de inspectores enviado desde Caracas a La Guaira, ante las sospechas suscitadas por la inusual importación de la referida especia.
En el puerto del Litoral Central, según Flores, operaba “una banda de funcionarios de Cadivi, que presuntamente cobraban a las empresas”, por avalar la importación de cosas distintas que las aprobadas inicialmente. De igual forma, algunos de ellos fueron señalados por extorsionar a comerciantes a los que se les detectaba alguna irregularidad en los procesos de importación.
Flores identificó a trece personas como supuestos integrantes de esta organización. Algunas fueron destituidas e investigadas por Delincuencia Organizada de CICPC. Pero los resultados de esas investigaciones no fueron consignados en el expediente instruido por Contrainteligencia Militar.
Para complementar la denuncia, Flores entregó una lista con los nombres de 126 empresas que fueron investigadas y suspendidas por el órgano de administración de divisas. Este documento sirvió de base para la investigación desarrollada por el Ministerio Público.
Por Braulio Jatar Alonso / Reporte Confidencial