Esta semana el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió un comunicado en el que calificó de “nueva afrenta” la decisión de la Corte Suprema de Chile en la que ratificó un recurso de protección de los Derechos Humanos de los dirigentes opositores Leopoldo López y Daniel Ceballos.
“La supuesta intención de la Corte Suprema de Chile, de proteger los Derechos Humanos de dos venezolanos condenados en primera instancia (…) contradice los principios que están en la base de los derechos que paradójicamente intentan proteger; al obviar que en nuestro país como nunca antes en el pasado, la potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos”, señalan en el texto.
Aseguran que la acción de su par chileno atenta contra el Orden Jurídico Internacional y vulnera los principios de no intervención, autonomía, igualdad de derechos y libre determinación de los pueblos.
Asimismo, señalaron que “ante la evidente persistencia de nuevas y recicladas agresiones para revertir la voluntad colectiva del pueblo” exigen a la justicia chilena respeto al país y “al orden jurídico nacional e internacional (…) honrando su misión de preservar la soberanía nacional”.
Este martes se conoció que la Corte Suprema de Chile solicitará directamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que interceda a favor de López y Ceballos.
Finalmente, la misiva del TSJ reseña textualmente que “ante la evidente persistencia de nuevas y recicladas agresiones para revertir la voluntad colectiva del pueblo venezolano que ha permitido grandes avances en materia de inclusión e igualdad en estos tres últimos lustros, luego de la aprobación mediante referéndum de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999”, y a continuación enumera lo siguiente:
1. Condena rotundamente esta reciente acción injerencista con la que se ha vuelto a injuriar al Derecho y a la comunidad internacional, a través del ignominioso documento emitido por el mencionado órgano extranjero, sosteniendo infundadas afirmaciones al margen de la verdad y del orden jurídico, a través de otro instrumento carente de legitimidad, validez y eficacia jurídica.
2. Exige respeto a la República Bolivariana de Venezuela, al orden jurídico nacional e internacional y a la estabilidad de la región, honrando su misión de preservar la soberanía nacional.
3. Impedirá en el marco de sus competencias, todo atentado que se cometa contra la dignidad de la República, por lo que nunca, ante circunstancia alguna, responderá por improcedentes a intolerables pretensiones provenientes de otras naciones.
Con información de El Cooperante / Nota de Prensa TSJ.