El Gobierno de Argentina defendió este jueves su accionar en el caso del avión venezolano-iraní que se encuentra incautado en el país suramericano y sus tripulantes, 5 iraníes y 14 venezolanos, están siendo investigados por la Justicia.
«El Gobierno argentino cumplió con todo lo que tenía que cumplir y ahora hay una causa en la Justicia y será la Justicia la que deba determinar los pasos a seguir«, dijo la portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti, en rueda de prensa.
El avión en cuestión, un Boeing 747 Dreamliner de carga, fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air y actualmente pertenece a Emtrasur, filial del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa), empresas que están sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La aeronave ingresó en Argentina el pasado 6 de junio procedente de México, previa escala en Venezuela, con destino al aeropuerto internacional de Ezeiza, y el 8 de junio despegó para ir a Uruguay a cargar combustible, pero aterrizó nuevamente en el aeropuerto argentino porque el país vecino no habilitó su aterrizaje.
En Argentina, las petroleras no cargan combustible al avión por temor a las sanciones de Estados Unidos.
A la vuelta de Uruguay y tras recibir una alerta de diversas agencias internacionales, las autoridades argentinas inmovilizaron la aeronave y se ordenó la retención de los pasaportes de los cinco iraníes.
La Justicia argentina lleva adelante una investigación para dilucidar los posibles vínculos de la tripulación con el terrorismo internacional.
En ese marco, el juez federal Federico Villena retiró los pasaportes a toda la tripulación –cinco iraníes y catorce venezolanos– e incautó el avión, en tanto, un dictamen de la fiscal Cecilia Incardona señaló la necesidad de proseguir la investigación respecto del piloto del avión, Gholamreza Ghasemi, de toda la tripulación que de él dependía, de la aeronave y de su carga.
EFE
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