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¡AY, PAPÁ! Misión de Determinación de Hechos de la ONU insta al régimen de Maduro a la rendición de cuentas por crímenes de lesa humanidad

En el informe publicado este jueves 16 de septiembre por la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, indicó que el régimen de Nicolás Maduro debe exigir cuentas a los responsables de: las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas; además deberá impedir que se produzcan nuevos actos de esta naturaleza.

Foto: Periodista Digital

La misión constató en la elaboración del informe que en Venezuela existen patrones de violaciones de DDHH y las autoridades de alto nivel ejercen el poder con la supervisión de las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia quienes ejecutan estas violaciones.

“La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales – incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura – constituyen crímenes de lesa humanidad,” dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión.

La Misión investigó 16 casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que dieron lugar a 53 ejecuciones extrajudiciales. También examinó 2.552 incidentes adicionales en los que se produjeron 5.094 muertes por las fuerzas de seguridad, aunque no todos fueron necesariamente arbitrarios.

Entre 2015 y 2017, las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), supuestamente establecidas para combatir el crimen, dieron lugar a detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. La Misión investigó o examinó 140 operaciones, que dieron lugar a la muerte de 413 personas, en ocasiones con disparos a quemarropa.

Varias muertes ilegales cometidas por las fuerzas de seguridad estan documentadas en el informe, las cuales no han llevado ante la justicia a los funcionarios con responsabilidad de mando.

“Estas ejecuciones extrajudiciales no pueden atribuirse a la falta de disciplina de las fuerzas de seguridad. Los oficiales de alto rango tenían un mando y control efectivo sobre los perpetradores y conocimiento de sus acciones, pero no lograron prevenir o reprimir las violaciones. Los asesinatos parecen formar parte de una política de eliminación de miembros no deseados de la sociedad bajo la cobertura de la lucha contra el crimen,” dijo Marta Valiñas.

La misión también estudió a los organismos de inteligencia del régimen como: El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

“Los organismos de inteligencia también sometieron a la disidencia – tanto hombres como mujeres – a violencia sexual, incluyendo violaciones sexuales con partes del cuerpo u objetos y amenazas de violación sexual a la persona detenida o a sus seres queridos, desnudez forzada, así como palizas y descargas eléctricas en los genitales. Estos actos de violencia sexual también constituyen una tortura o un trato cruel, inhumano o degradante,” dijo Francisco Cox.

En el informe se registraron al menos 45 funcionarios del SEBIN y de la DGCIM, como responsables de crímenes los cuales deben ser castigados.

En informe también contempla violaciones de las protestas ocurridas en los años 2014, 2017 y 2019, donde fueron asesinados al menos 36 manifestantes con: armas de fuego, tortura, palizas, humillaciones, violencia sexual y de género, y simulacros de ejecución.

“La vigilancia de las protestas y el sistema para autorizarlas son profundamente preocupantes. El sistema está diseñado para prevenir y desalentar las reuniones pacíficas, a menudo de forma violenta,” dijo Paul Seils.

Todas estas violaciones según el informe fueron cometidas bajo un sistema judicial roto, el cual no sirvió para controlar a los agentes del estado.

“Las violaciones deben cesar. Y la impunidad debe terminar. Las autoridades venezolanas deben llevar a cabo de inmediato investigaciones rápidas, eficaces, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las violaciones y los crímenes, haciendo que los autores rindan cuentas e impartan justicia para las víctimas. Las víctimas deben recibir plena reparación por el daño que han sufrido,” dijo Marta Valiñas.

Redacción Maduradas con información de Presidencia Ve

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